Denuncian al alcalde de Cabañas Raras por alquilar terrenos para un parque fotovoltaico
Un juzgado de Ponferrada instruye las diligencias del procedimiento, que también afecta a la junta vecinal y a la empresa.
El alcalde de Cabañas Raras, el popular Juan Marcos López Gutiérrez, se encuentra entre los denunciados por el alquiler de terrenos comunales de la junta vecinal de Cortiguera para la construcción de un parque fotovoltaico. El Juzgado número 5 de Ponferrada ha instruido la denuncia formulada contra miembros de la Junta Vecinal de Cortiguera y el representante de la empresa Cetus Solar S.L. por el alquiler de bienes comunales de la junta Vecinal de Cortiguera a la promotora fotovoltaica integrada en el Grupo Edora.
Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2020, fecha en que el pleno de la junta vecinal de Cortiguera –de la que forma parte como vocal Juan Marcos López– acordó el alquiler de 60 hectáreas de los terrenos comunales para la implantación de una planta fotovoltaica con un contrato temporal de 2 años prorrogable a un tercero y un precio de 50 €/hectárea y año. En dichos terrenos está prevista y en trámite la construcción del parque Compostilla III promovida por la empresa Cetus Solar S.L. propiedad del Grupo Édora. El contrato se firmó con el representante de la empresa el día 5 de noviembre de 2020.
“El pedáneo de Cortiguera, el alcalde de Cabañas Raras y sus dos compañeros afirman constantemente que solo era un contrato temporal para estudiar la viabilidad de la construcción de una planta fotovoltaica y para que la empresa hiciera los seguimientos de los ciclos biológicos anuales completos de los animales y plantas existentes en los terrenos, pero transcurrido únicamente un mes desde la firma del contrato, la empresa presentó la solicitud de Autorización Previa y Declaración de impacto ambiental el día 05 de diciembre de 2020. El proyecto ya ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental favorable el día 26 de enero de 2023 y está a la espera de obtener la Autorización Previa antes del día 25 de abril de 2023. En el momento en que el proyecto obtenga la Autorización previa, la empresa promotora procederá a obtener la declaración de utilidad pública e interés social y a expropiar los comunales de la Junta Vecinal”, ha afirmado la concejala denunciante, Inés Gutiérrez Yáñez.
Un perjuicio para los vecinos
“Desde el grupo socialista hemos advertido reiteradamente sobre el riesgo de expropiación forzosa, que también alcanza a los dueños de los terrenos afectados por las líneas de evacuación y otros propietarios ya que, según consta, el parque fotovoltaico no se limita a los terrenos alquilados a la Junta Vecinal de Cortiguera, sino que afecta a otras fincas de particulares y a los propietarios que se vean afectados por las líneas de evacuación procedentes del parque Compas I en Magaz de Arriba. El hecho de que esos otros propietarios no hayan negociado con la promotora es irrelevante, se verán privados de su propiedad por la vía de la declaración de utilidad pública y la consecuente expropiación forzosa”, han aclarado desde el PSOE de la localidad.
Además, según Gutiérrez Yáñez, “la promotora intentó celebrar un contrato idéntico con la Junta Vecinal de Cabañas Raras para alquilar los terrenos que están por encima del karting”. “Como vocal que soy me negué en rotundo a votar a favor de la firma de un contrato totalmente ilegal y obligué al pedáneo a eliminar ese punto del orden del día”, ha añadido
“Para hacer bien la contratación hay que hacer lo mismo que hicieron las Juntas Vecinales de Magaz de Arriba, Fresnedo y Cabañinas: primero, contar con el conocimiento y la aprobación de los vecinos, para luego valorar los terrenos y, previa autorización de la Diputación de León, sacar el aprovechamiento de los comunales a subasta. Ahora mismo esas Juntas Vecinales tienen contratos por 30 años y están cobrando 1.025,00 euros por hectárea y año, y lo más importante; tienen un contrato administrativo válido que excluye totalmente la posibilidad de la expropiación forzosa”, ha explicado la concejala socialista.
El PSOE ha argumentado que, si en Cortiguera se hubieran hecho las cosas igual, la Junta Vecinal tendría un contrato que después de 30 años le habría reportado al menos 1.845.000 euros y, lo más importante, no cabría expropiación forzosa. “Sin contrato válido, Cortiguera se quedará sin terrenos y por el justiprecio que se determine, que suele rondar los 0,50 € /m2, alrededor de 300.000 euros. La diferencia es clara: con contrato 1.845.000 y la propiedad de los terrenos; sin contrato válido lo que se determine de justiprecio y sin terrenos”, han aclarado las mismas fuentes.
