Según Castelao, el alcalde se ha saltado “a la torera el artículo 23 de la Constitución Española y el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el ROF, y el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local”. Negar al concejal la información solicitada supondría todos esos incumplimientos.
“Esto marca, una vez más, la desigualdad del que ejerce el poder con sus conciudadanos, aprovechando las rendijas de las leyes para que unos paguen y otros no. Pero a veces la extravagancia abraza los límites de lo absurdo. Siendo el IBI un impuesto que se cobra por la titularidad de los inmuebles, se da la circunstancia que en un mismo inmueble con dos vecinos, a uno de ellos se le quita el impuesto en 2016, mientras que al otro en el 2021, parece ser que este alcalde utiliza dos varas de medir”, asegura el edil.
