Una sentencia obliga a cinco exconcejales de Cacabelos a devolver 110.000 euros
La resolución judicial, sin ejecutar desde 2017, anula el acuerdo por el que se modificó el régimen de dedicaciones.
Un mes antes de su dimisión, el entonces alcalde de Cacabelos Junior Rodríguez, firmó una providencia ordenando la ejecución de una sentencia dictada en 2017 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León que obliga a cinco exconcejales del equipo que gobernó el ayuntamiento entre 2015 y 2019 a devolver más de 110.000 euros. También se reclama la parte correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad Social y Agencia Tributaria, con lo que el montante total ascendería 191.000 euros.
La incoación del expediente de reintegro de ingresos indebidos se basa en dos informes de Secretaría emitidos en septiembre y octubre de 2022, en cumplimiento de la resolución judicial que anula un acuerdo plenario del 27 de julio de 2016 por el que se aprobó la modificación del régimen de dedicaciones exclusivas de algunos concejales.
En concreto, los ediles de aquella corporación a los que afecta la sentencia son cinco: Claudia Vega y Antonio Puerto, ambos del PSOE, Santiago Enríquez y María de Carmen González, de Socialistas por Cacabelos, y Susana Vila (Izquierda Unida). En concreto, a Vega se le reclama el reintegro de 32.666 euros; a Puerto, 11.662; a Carmen González, 17.519; a Enríquez, 20.197; y 32.283 a Vila.
Recurso de los afectados con el precedente de Ponferrada
Todos ellos habrían presentado ya el oportuno recurso, según ha podido saber BierzoDiario, alegando que realizaron su trabajo y que por tanto en caso de tener que reintegrar sus salarios se produciría un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento. Se trata de la misma línea de defensa esgrimida en Ponferrada por Samuel Folgueral y su equipo, a los que finalmente se eximió del reintegro de los sueldos que habían sido anulados por una sentencia judicial.
En aquel caso, la Junta de Gobierno Local aprobó compensar a Folgueral y otros cinco concejales con las mismas cantidades que deberían devolver en virtud de una sentencia judicial. El acuerdo de compensación fue adoptado por la Junta de Gobierno en junio de 2018 a propuesta de la entonces alcaldesa Gloria Fernández Merayo, y basándose en el informe emitido por el instructor del expediente y en un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.
El dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Castilla y León el 25 de mayo proponía estimar parcialmente la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por Samuel Folgueral, Fernando Álvarez, Santiago Macías, Emilio Cubelos, Cristina López y Sergio Gallardo, los seis concejales del bipartito que gobernó el Ayuntamiento de Ponferrada durante dos años y a los que una sentencia judicial obligó a devolver sus salarios tras anular el pleno del sábado santo de 2013. Por el contrario, no veía motivos para indemnizarles por el daño moral que alegaban.
