Canedo acusa al tripartito de ejecutar la sentencia del cementerio para tapar la de los sueldos
El portavoz del PP eleva a 130.000 euros la cantidad a devolver y asegura que hay «una decena» de resoluciones judiciales sin cumplir.
La ejecución ahora de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ordenaba el derribo de la ampliación del cementerio de Cacabelos obedece según el PP a un interés «electoralistas» y a un intento de tapar la resolución judicial que obliga a cinco concejales del anterior equipo de Gobierno a devolver a las arcas municipales los salarios «indebidamente percibidos».
Esgrimiendo un informe de Secretaría, Adolfo Canedo elevó a 130.000 euros la cantidad a devolver por los cinco concejales afectados por la sentencia, lo que no coincide con la suma de las cuantías fijadas en la providencia firmada por el anterior alcalde al incoar el expediente de reintegro, que totalizan algo más de 114.000 euros. Con las reclamaciones a Hacienda y Seguridad Social, según el cálculo del portavoz del PP, el dinero a recuperar por el consistorio superaría los 230.000 euros frente a los 190.000 que contempla la providencia.
El portavoz popular en el Ayuntamiento cacabelense desveló además que hay «una decena» de sentencias «más antiguas» que la del cementerio pendientes de ejecutar, algunas con apercibimiento de multas coercitivas al alcalde, y que afectan a cuestiones como el polémico edificio Roma, el derribo de un inmueble en la avenida de la Constitución o la adjudicación de la residencia de mayores.
Defensa de intereses particulares frente a los generales
Canedo compareció este jueves en la sede del partido en Ponferrada para defender su actuación en la ampliación del cementerio y atribuir la sentencia del TSJ al «cambio de criterio» en la posición jurídica del Ayuntamiento tras su salida de la alcaldía. Insistió en que el proyecto iniciado en 2013 contaba con todos los permisos necesarios y recordó que el Procurador del Común archivó una denuncia del colectivo Salvemos La Edrada.
La obra también contó con una subvención de la Diputación y obtuvo una primera sentencia favorable en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, «porque en aquel momento el Ayuntamiento defendió el interés general frente a los intereses particulares». Justo lo contrario de lo que hizo el equipo de Gobierno que accedió al consistorio en 2015, según Canedo. En su análisis de los hechos, es lo que determinó la sentencia del TSJ anulando la ampliación.
«En la ejecución de sentencia, sin habilitar ninguna alternativa, se dieron cuenta de la barbaridad que habían cometido actuando en contra de los intereses municipales», enfatizó el portavoz popular recordando que los problemas para encontrar nicho tras el fallecimiento del padre del anterior alcalde «les empezó a asustar». También señaló que los propietarios de los terrenos expropiados en su día para la ampliación del camposanto no han devuelto al Ayuntamiento la cantidad que recibieron, y prometió que si vuelve a la alcaldía en mayo buscará una solución a los problemas del cementerio, que ya no tiene capacidad para albergar más difuntos, “en el mismo sitio” en el que se encuentra actualmente.
