Ponferrada eliminará de sus calles todos los vestigios del franquismo
El Ayuntamiento inicia el expediente para ordenar la retirada de los símbolos de la dictadura en espacios públicos y privados.
Con el informe favorable a la aprobación de la memoria presentada por el técnico de Patrimonio identificando la simbología emplazada sobre bienes públicos y/o privados en el municipio de Ponferrada que puedan ser calificados como contrarios a la memoria democrática, el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para aplicar las medidas previstas en Ley 20/22 de Memoria Democrática.
La Junta de Gobierno Local ha propuesto que por el órgano municipal competente se ordene la retirada de los símbolos que atenten contra la memoria democrática emplazados en edificios de titularidad pública o en su callejero. Cuando se trate de placas identificativas de vías o plazas públicas que no coincidan con la nomenclatura oficial –caso de la que recuerda al comandante Manso en la actual plaza Fernando Miranda– y se encuentren emplazadas sobre viviendas de titularidad privada, se dará conocimiento previo de las actuaciones a practicar a la comunidad de propietarios o vecinos afectados.
Asimismo, el consistorio inicia un expediente para que con medios propios, o en su caso ajenos, se inventaríen los edificios de propiedad privada que tienen colocados en sus fachadas placas con lema “Ministerio de la Vivienda, Instituto Nacional de la Vivienda. Edificio construido al amparo del régimen de viviendas de Protección Oficial”, u otros similares, y con un anagrama situado lateralmente con el yugo y las flechas falangistas.
Finalmente, el acuerdo de la Junta de Gobierno establece que se notifique a los edificios de titularidad eclesiástica que tienen en sus fachadas simbología calificada como contraria a la memoria democrática y que no tengan un valor histórico, artístico y cultural valorable, para que procedan a su retirada. A este respecto, la Administración municipal autorizará y en su caso ejecutará las actuaciones menos invasivas, «habilitándose en la medida que sea posible las disposiciones presupuestarias que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones económicas que pesan o puedan pesar sobre la propiedad».