El parque eólico Oencia prevé instalar 35 molinos y afecta a cinco municipios bercianos
El proyecto cuenta con un presupuesto de 188 millones de euros y la potencia ¡instalada es de 217 megavatios.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la solicitud autorización previa y el estudio de impacto ambiental del parque eólico Oencia, con 35 aerogeneradores previstos para ocho municipios de Lugo, Ourense y León. La promotora es la empresa Cefiro Holdco, ubicada en A Coruña, que propone instalar un parque eólico de 217 megavatios con un presupuesto de 188,6 millones de euros. Afecta a los municipios bercianos de Oencia, Barjas, Corullón, Sobrado y Carucedo, al ourensano de Rubiá y a Pedrafita do Cebreiro y Folgoso do Courel, en Lugo.
Se somete al trámite de información pública, de manera conjunta, la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental de la planta eólica Oencia, así como su infraestructura de evacuación asociada. La finalidad de proyecto es la producción de energía eléctrica por medio de una planta eólica, así como su evacuación a la red de transporte de energía eléctrica.
El parque tendrá una potencia instalada de 217 MW y estará integrado por 35 aerogeneradores de 6,2 MW de potencia unitaria. La evacuación del parque eólico se hará mediante 15 circuitos de líneas subterráneas de 30 kV, que recogerán la energía generada por los aerogeneradores y la conducirán hasta la subestación colectora-elevadora Oencia 30/220 kV. Incluye dos torres de medición, viales de acceso y obra civil para instalación y mantenimiento.
El proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria de evaluación ambiental. Corresponde a la dirección general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dictar la resolución de autorización administrativa previa de la instalación. La tramitación de ambos procedimientos (autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental) se efectúa de manera conjunta.
Los afectados disponen de un plazo de treinta días para examinar el expediente de la instalación y formular las alegaciones que consideren oportunas a la instalación proyectada, a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado o por cualquier otro de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Área Funcional de Industria y Energía de la correspondiente provincia.