La Audiencia Provincial fija para diciembre el juicio al exconcejal Pedro Muñoz
La Fiscalía pide 18 años y 9 meses de cárcel por la comisión de hasta cinco presuntos delitos de los que fue víctima su pareja.
La Audiencia Provincial de León. ha fijado por fin, casi tres años y medio después de que sucedieran los hechos, la fecha del juicio a Pedro Muñoz, que en su dilatada carrera política ha sido alcalde de Toreno, procurador en las Cortes de Castilla y León, diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada. La vista se desarrollará en cinco sesiones consecutivas de lunes a viernes entre el 11 y el 15 de diciembre, además del jueves siguiente, el día 21 de diciembre.
La Fiscalía pide para Muñoz 18 años y 9 meses de cárcel por la comisión de cinco presuntos delitos, de los que se suprime el intento de homicidio, pero que incluye el de lesiones agravadas ya que, como en su día explicó el Ministerio Público, existe un informe forense que demuestra la existencia de 17 lesiones graves en el cuerpo de Raquel, lo que se podría penar con hasta 12 años de cárcel, mientras el delito en grado de tentativa no sobrepasaría los 10 años de cárcel. La acusación pública también recoge los delitos de violencia habitual tanto física como psíquica, el delito de malos tratos, un cuarto delito de amenazas y otro leve de injurias. La acusación particular, por su parte, solicita una condena por intento de asesinato y 23 años de prisión.
Las penas que se le piden van acompañados de una orden de alejamiento que, en el caso de Fiscalía, suman 24 años sin poder acercarse a Raquel a una distancia de 800 metros ni comunicarse con ella por cualquier medio. Además, y después de la situación en la que ha quedado la abogada y de las operaciones a la que fue sometida de urgencia Raquel por su extrema gravedad, el Ministerio cuantifica la responsabilidad civil de Pedro Muñoz en 1.120.000 euros, una suma que deberá entregar a la víctima y a la que deberá añadir 74.000 euros para el Sacyl y otros 48.000 euros para el sistema sanitario de Castilla La Mancha para pagar su estancia en el hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
El escrito de calificaciones remitido por la Fiscalía sobre el caso Pedro Muñoz señala que “desde el inicio de la convivencia (Muñoz y Díaz contrajeron matrimonio en diciembre de 2018 después de más de un año de relación) la relación vino marcada por el carácter controlador y dominante del procesado, quien provocaba discusiones por cuestiones insignificantes para crear situaciones en las que [Raquel] cediera y pidiera perdón, mermando día a día la autoestima de la misma con un comportamiento de maltrato emocional sistemático a todos los niveles”.
Dos años en prisión provisional
Los hechos por los que está acusado se remontan al 27 de mayo del 2020, en pleno estado de alarma y confinamiento domiciliario por la pandemia de coronavirus. A las 23.14 horas de la noche del referido día, el servicio de emergencias de Castilla y León recibía una llamada para solicitar asistencia para una mujer de 44 años que «se había caído en su domicilio», situado en la localidad berciana de Toreno. Las heridas que presentaba eran de tal gravedad que obligaron a su inmediato traslado al Hospital de León y posterior ingreso en el Hospital de Parapléjicos de Toledo.
La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación, que incluyó la declaración del político berciano, detenido cinco días después tras las primeras pesquisas sobre lo ocurrido y con su ingreso en prisión de forma inmediata acusado del intento de homicidio de su pareja. Al día siguiente, Pedro Muñoz era apartado de sus funciones en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada y posteriormente presentó su dimisión.
Muñoz ingresó en prisión en junio de 2020 y salió en libertad condicional al cumplir dos años de prisión provisional. El magistrado ordenó la instalación de un dispositivo de localización, así como otras medidas para preservar la seguridad de la mujer, que se quedó tetrapléjica y con graves problemas neuronales tras el suceso, También se le retiró el pasaporte y se le prohibió acercarse a menos de 500 metros de Raquel Díaz y comunicarse con ella.