[TRIBUNA 6-D] La Constitución, en peligro
MARCO MORALA | Ha sido siempre tradicional que el día que nos reunimos para conmemorar la Constitución, los discursos estuvieran repartidos entre dos grandes líneas temáticas.
La primera de ellas tiene que ver con esa historia de éxito en que ha consistido la transformación progresiva de España en un Estado Social y Democrático de Derecho muy avanzado, tal y como ha querido una Constitución enormemente avanzada para el momento de partida en que fue concebida y acordada, lo que ha permitido la adaptación de la sociedad española a sus exigencias y recíprocamente, la interpretación comprensiva del texto constitucional a la luz de diferentes sensibilidades.
La segunda, ha solido relacionarse con las nuevas expectativas que quienes intervenían en este acto tenían para el siguiente año, en relación con el desarrollo de algunos de los aspectos constitucionales que todavía pueden revisitarse periódicamente. Era el momento en el que tantas veces se han puesto deberes sobre las líneas de evolución del desarrollo constitucional en el bloque de la constitucionalidad.
No puede suceder lo mismo en este momento, porque hemos vuelto varias casillas atrás, de manera que el debate público, (y harían mal los gobernantes en considerar que este es solo de naturaleza política, porque es también un debate social intenso, y a veces crudo), el debate público, insisto, ya no se ciñe a aspectos concretos de desarrollo de ese bloque de la constitucionalidad, sino a la supervivencia de la integridad del espíritu constitucional. Y esto es una novedad, malhadada y preocupante, que no se había dado en los cuarenta y cinco años anteriores de celebración de la fiesta constitucional.
Como con tantas otras cosas en la política española, lo que hasta ahora era tradicional y asumido, ha quedado arrumbado por unos acontecimientos que inciden directamente en la percepción que tenemos de la validez y vigencia del texto constitucional. Y a este respecto quiero decir desde el principio que, contra la opinión que otros tienen de la obsolescencia de nuestra Carta Magna y la necesidad de sustituirla enteramente, en mi opinión ha sido suficientemente flexible como para habernos traído hasta aquí, posibilitando cambios de partidos, de gobiernos, de proyectos, de visiones de la sociedad. Ha alimentado nuevas expectativas, sueños de libertad y la percepción de una España más libre e igualitaria, sin privilegios y sin exclusiones. No será tan malo el texto de nuestra Norma Fundamental cuando todos hemos sentido amparados bajo su protección nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades públicas; y también el desarrollo de unas corporaciones locales pegadas a los anhelos de los ciudadanos y a su directo servicio.
Creo sinceramente, como alcalde y como jurista, que este año estamos ante un contexto muy diferente y un escenario mucho más complejo desde el punto de vista del respeto a la integridad del texto constitucional y su espíritu jurídico y político. La democracia es un sistema político muy antiguo, tanto que es ya más que bimilenario. Los griegos que la desarrollaron quisieron identificar expresamente la democracia con el gobierno del pueblo pensando en todos y no en una sola parte de la sociedad. Y crearon constituciones para fijar los contenidos de la libertad ejercida por el pueblo para controlar el poder exorbitante de los gobernantes y para establecer los derechos de los ciudadanos. No hay democracia sin respeto a la integridad de la Constitución.
A veces pensamos que estamos reinventando la historia constitucional constantemente, pero pocas cosas nuevas hay bajo el sol de la política cuando tienen que ver con subordinar los intereses generales a las ambiciones personales. Dijo Isócrates ya hace veinticinco siglos que la Constitución es el alma de los Estados en la democracia. En la filosofía política relativa a las constituciones, desde hace esos 2500 años Isócrates ha sido siempre referente en la defensa de los derechos iguales de todos los ciudadanos frente a los que querían privilegios y derechos especiales para una parte sola, y también ha sido el modelo contra los demagogos. No puedo imaginar en este momento mejor referencia, porque es el momento de la política y no de la demagogia interesada únicamente en justificar la permanencia en los puestos de gobierno, y porque es el momento de igualdad de derechos de los ciudadanos frente a los beneficios selectivos para una parte de ellos, solo porque vivan en determinados lugares de España de los que salen apoyos parlamentarios.
Esos padres de la democracia griegos afirmaron que las constituciones servían para asegurar a todos los ciudadanos isonomía y eunomía, que es igualdad de todos ante la ley y obligación del gobernante de atenerse escrupulosamente a la ley, cambiando su gobierno en aquello que fuera discordante y no precisamente adaptando la ley o retorciéndola para que encaje en lo que uno quiere. ¿Qué es lo que se está haciendo en España?, ¿lo uno, respetar la igualdad ante la ley y la separación de poderes, o lo otro, desdeñarlas para detentar el poder?
Dijo el presidente del Gobierno español que “las ventajas de las constituciones democráticas, radican en su carácter abierto, que permiten su perfeccionamiento y su basamento en principios igualitarios”, ese presidente fue Felipe González. ¿Son igualitarios los principios del acuerdo de gobierno actual? No me parece adecuado el marco de este acto para recordar las frases literales de los miembros del gobierno antes y ahora, sobre amnistía, referéndum e igualdad de todos los españoles, porqu son tan sonrojantes que no soportan el decoro institucional aquí debido.
Habitualmente damos por hechos los contenidos de las libertades fundamentales de que nos hemos dotado los españoles a través de nuestra Carta Magna, especialmente por las jóvenes generaciones que no tuvieron que pelear para hacer una realidad cotidiana lo que en algún momento fue una aspiración legítima y lejana. El momento actual nos devuelve con dureza a la eventualidad de que buena parte del camino andado en beneficio de todos pueda tornarse fin de trayecto para territorios como el nuestro y beneficios desiguales para otros territorios. Jugar hasta parecer diferencias sustanciales en lo que reciben económicamente unos territorios y otros no es más que una forma de enmascarar que se quiere diferenciar no entre territorios, sino entre personas que en ellos viven, gente de primera y de segunda. Y eso no es más que la quiebra indisimulada del artículo 14 de la Constitución y del principio de igualdad que es base fundamental de los valores constitucionales que tienen que informar toda la actuación de los poderes públicos y de cada uno de los servidores públicos que hemos sido elegidos por los ciudadanos.
Algunas de las decisiones recientemente tomadas, y lo que resulta aún peor vaticinio, varias de las anunciadas para el futuro inmediato, presagian nuevas quiebras del principio de igualdad y la disolución de instrumentos de solidaridad indispensables para un estado que se reclama a sí mismo como estado social de derecho. En particular las que afectan a la estructura de ingresos y gastos públicos, porque nos terminan llegando a todos, también en este municipio y en este ayuntamiento. Los derechos que la Constitución proclama no son referencias abstractas que se auto sostienen en el éter, sino criterios de distribución de aportaciones y cargas igualitarias para los ciudadanos dentro del territorio español. El principio de igualdad resulta, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, inescindible de la política fiscal, mucho más en la vertiente tributaria que en la del gasto público.
Y a este respecto se ha hablado de concesiones insostenibles con la igualdad de todos los españoles. Pero no de concesiones pedidas, por injusto que nos parezca, por partidos que no han hecho precisamente de la solidaridad una guía de actuación política, sino de concesiones aceptadas por aquellos que dan soporte a un gobierno que no sabemos ya si puede ser Gobierno de la nación en cuanto que se proclama la existencia de un número aún indefinido de naciones dentro de la nación española. La caja única de la Seguridad Social, como instrumento de solidaridad intergeneracional entre aquellos que han estado trabajando duramente por nuestro país y aquellos que siguen haciendo aportaciones mediante sus cotizaciones; el efecto redistributivo y equilibrador de los tributos públicos dependientes de la administración general del Estado, como instrumento de solidaridad interterritorial; y el gasto público en la atención a las necesidades, ignorando componendas políticas, como instrumento de solidaridad social, … todo ello, si hemos de creer a lo que se nos ha anunciado a lo largo del último mes, no solo se ha puesto en entredicho, sino que ha comenzado a demolerse. Yo no necesito un verificador de guerrillas para suponer que si lo acepta de buen grado el partido que da soporte al gobierno, el gobierno posteriormente lo hará política institucional para cumplir con los acuerdos que han dado lugar a la investidura.
Lo hará, pero no por eso dejará de haberse quebrado ese conjunto de principios de solidaridad que en algún momento fue seña de identidad de la izquierda y hoy no es más que papel mojado actual y referencia histórica superada a tenor de la actuación de quienes gobiernan. No seré yo precisamente, con el acuerdo que ha servido para ponen en marcha un nuevo equipo de gobierno municipal en Ponferrada, el que censure la posibilidad de llegar a pactos, porque el problema no son los acuerdos, sino el coste de los acuerdos; el problema no son los pactos, sino el germen de desigualdad que los pactos contienen; el problema no son los consensos, si es que el consenso fuera verdaderamente tal con una política de Estado que pudiera ser sostenida por todos los que se sientan en el Parlamento nacional o todos los que nos sentamos en el salón de plenos de Ponferrada.
Pero es que no es así, porque con secretismo, nula transparencia y en territorio ajeno al español no se ha consensuado un gobierno, se ha entregado la igualdad de los españoles y el respeto a la norma que estamos aquí celebrando a cambio de la estabilidad -ya veremos si eso dura-de un gobierno.
Pues eso tiene un coste, que es la protesta ciudadana y la reivindicación de quienes tenemos otra forma de ver la política. Porque la desigualdad al final se paga, como todo en esta vida, en moneda contante de curso legal, y en este caso empezó a pagarse en forma de premio extraordinario de 15000 millones de euros que adelanta lo que serán las negociaciones de los siguientes presupuestos generales del Estado. No se ha inventado todavía el presupuesto absolutamente elástico, y aunque algunos gobernantes aquí y en Madrid no lo sepan, lo que es absolutamente inelástico son las capacidades de los ciudadanos y las empresas para soportar mayor presión fiscal. Por tanto, con ingresos limitados, ¿de dónde van a salir las partidas para contentar a aquellos de cuya espada de Damocles se depende en cada pleno?
Dejó escrito Winston Churchill en una frase muy suya que la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás. La democracia española ha tenido desaciertos a lo largo de cuarenta y cinco años de vigencia constitucional, como toda obra humana es perfectible, como fruto de un consenso se hizo para permitir el encaje de todas las posiciones políticas y todos los españoles, y habrá quien esté más o menos cómodo, pero no debatimos aquí sobre la comodidad o la conveniencia, sino sobre la legalidad y la igualdad. No puede extrañar la preocupación que los socios europeos y la propia comisión han mostrado ante algunas de las derivas actuales, que no pueden despacharse de un plumazo por el gobierno, como queda acreditado por algún sonoro encontronazo con los portavoces europeos. Hay quien cree que Europa es únicamente burocracia, yo creo que es el mayor espacio de libertades cívicas en todo el globo, y creo abiertamente que algunas decisiones que están a punto de adoptarse, por no decir perpetrarse, en España tienen poco encaje en el pluralismo, la igualdad y el respeto a la ley que caracteriza el espíritu europeísta.
El objetivo marcado por el constituyente era la institución en España de una democracia de calidad. Son diversos los indicadores sobre la calidad democrática que están advirtiendo, no ya solo en este momento, sino a lo largo de los dos años anteriores, de la pérdida de calidad de nuestra democracia en el conjunto de Europa. En estos momentos el panorama es aún más sombrío.
Hemos celebrado la Constitución cuarenta y cinco años, pero nunca como hasta ahora ha corrido peligro. Porque la norma fundamental requiere una lectura en conjunto y coherente que pone de manifiesto que el principio de separación de poderes es una pieza fundante de la protección de los derechos fundamentales. El hecho de que unánimemente todas las asociaciones judiciales hayan salido a advertir al respecto del denominado lawfare, el dudoso encaje de decisiones sobre una hipotética amnistía, y que el poder político se convierta en una instancia de revisión de quienes con la tutela judicial efectiva tienen que garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos son evidencias de esa quiebra del principio de separación de poderes que tanto ha hecho por mantener la confianza de los españoles en su sistema en momentos de particular desviación del poder político. La laminación del principio de separación de poderes es simple y llanamente la habilitación de la arbitrariedad, que nuestra Constitución prohíbe.
He advertido en mi intervención sobre los principales riesgos, la ruptura de la igualdad y de la separación de poderes, que acechan ahora mismo la convivencia pacífica de los ciudadanos. Mientras este es el debate crucial de la política en España estamos perdiendo el tiempo para afrontar otros más necesarios que están abordando en otros lugares para hacer la democracia más participativa; aquí estamos en el mínimo de la discusión, que es hacerla enteramente legal.
Quiero antes de terminar expresar en ese apartado que tradicionalmente era de deberes para el año siguiente o expectativas para mejorar el despliegue del texto constitucional advertir sobre el rechazo a cualquier tentación de cambiar el contenido literal o el espíritu del título octavo de la Constitución una vez que ya se ha atacado abiertamente la igualdad de los españoles. Porque en ese título octavo están las comunidades autónomas y sus competencias y funciones, pero también las de las corporaciones locales. Ha costado mucho llegar a un equilibrio entre lo que debe hacer la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales en competencias que son compartidas o concurrentes. La tentación de romper ese balance en favor de unos pocos con la afirmación de que quienes allí viven constituyen una nación aparte de la nación española, conllevaría una tensión que va mucho más allá de las veleidades federalizantes en un país en el que las comunidades autónomas gozan en muchos casos de mayores prerrogativas y competencias de las que tienen los estados federados en otros países.
Sustraer nuevas decisiones y competencias en ese esquema competencial tan depurado que existe hoy en España después de muchos pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto, implica un riesgo excesivo
a cambio simplemente de la tranquilidad de los que nos gobiernan. Yo anuncio que mientras sea alcalde en Ponferrada nunca me plegaré a decisiones que puedan redundar en perjuicio de los ciudadanos de nuestro municipio y de la institución que presido, ni en aportaciones financieras, ni en disminución de proyectos con otras administraciones, ni en funciones a desempeñar. Espero que esta sea una posición unánime en defensa de los intereses de Ponferrada que podamos compartir todos los que formamos parte del pleno municipal.
Termino haciendo votos por que así sea, ya que no puedo hacerlos con confianza porque no se dé la circunstancia en la que sea necesario protestar en defensa de los intereses de las personas de Ponferrada y en beneficio de la posición de su ayuntamiento. Me gustaría que encontremos en el reflejo del consenso constitucional inicial una guía de entendimiento dentro de nuestro ayuntamiento para defender aquello que no solo es bueno para este, sino que simplemente puede ser imprescindible para la ciudadanía ponferradina para evitar perder oportunidades que pueden no volver a presentarse nunca para el desarrollo social y económico del municipio y sus habitantes.
Que ese espíritu de colaboración que fue marca de la Transición y la enseñanza histórica de tantas décadas de prosperidad nunca conocidas antes en la historia de España sean una guía firme para sortear los desafío y riesgos que acechan a nuestro texto constitucional. Feliz día de la Constitución española.
- Marco Antonio Morala López, alcalde de Ponferrada.
