La ‘pinza’ de PSOE y Vox amenaza la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
Los socialistas y la formación ultra mantienen a 24 horas del pleno su oposición al texto que presenta el bipartito.
Si nada cambia en las próximas 24 horas, la pinza del PSOE y Vox volverá a dejar en minoría al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada formado por PP y CB –como ya ocurriera con la prórroga del contrato del servicio de transporte urbano– cerrando el paso en el pleno de este martes al proyecto técnico de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora.
Tanto los socialistas como la portavoz de Vox, Patricia González han anunciado su voto en contra, sumando así 13 contra los 12 del bipartito. González asegura que su decisión está en coherencia con el contenido de su programa electoral, porque no están dispuestos a sacrificar el centro de Ponferrada y «vender la ciudad». Las reuniones mantenidas con el equipo de Gobierno no han servido para convencerles de que al menos se abstuvieran.
Aunque las posiciones de PSOE y Vox en esta cuestión son antagónicas, la coincidencia en el voto negativo impediría la aprobación de la ordenanza, aparte de reavivar el debate sobre la devolución de cerca de 2,5 millones de euros de los fondos europeos recibidos para acometer unas obras que, en opinión de Morala, «llenaron el centro de la ciudad de zanjas y cámaras inservibles». En cambio, los socialistas consideran que esas actuaciones contribuyeron a «mejorar el centro y defender la salud de los ciudadanos».
El PSOE no cierra la puerta a un acuerdo de última hora
El texto que se someterá mañana al pleno –el alcalde no tiene intención de retirarlo del orden del día– establece la libertad de acceso para toda clase de vehículos, “salvo episodios concretos de contaminación”. El régimen sancionador no va a entrar en vigor, como mínimo, hasta diciembre de 2027”, cuando ya habrá otro Gobierno municipal, que podrá tomar sus propias decisiones.
Los socialistas habían condicionado su apoyo a la ordenanza a que el equipo de Gobierno adelantase a enero de 2026 la entrada en vigor del régimen sancionador, algo que tanto el alcalde como sus socios de Coalición por El Bierzo rechazaron de plano. Populares y bercianistas consideran que aceptar dicha exigencia «desvirtuaría un proyecto bueno para Ponferrada».
El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, no cierra todavía la puerta a un acuerdo de última hora. “Nuestra principal preocupación ha de ser la salud de la gente y lo que pedimos va en esa línea: mejorar condiciones de vida, democratizar espacios públicos y ganar espacios para peatones y medios de transporte menos contaminantes. Si la ordenanza tiene algunas modificaciones en ese sentido, la vamos a apoyar”, manifestó este lunes.
