Lillo y Otero reclaman la devolución de las fincas «usurpadas» por Victorino Alonso
Los vecinos piden a la Junta que obligue a cumplir la reversión antes de autorizar la planta fotovoltaica en la Gran Corta.
Vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes, así como las juntas vecinales de ambas localidades, han remitido a la empresa Geninvest escritos solicitando ejercer su derecho de reversión de la propiedad de las fincas «usurpadas», tras la «apropiación» para instalar un macroparque fotovoltaico en la Gran Corta de Fabero, y que «se devuelvan restauradas como se comprometió en los contratos Victorino Alonso, que sigue estando detrás de esta empresa pantalla para seguir re-expoliando los terrenos de los pueblos».
Los vecinos asegura en un comunicado que siempre han esperado que, pasados los 25 años y restaurados los terrenos, se les devolverían de forma automática como se acordó en los contratos, algo que nunca ha sucedido. «Se enteraron por la prensa de que se los querían apropiar Geninvest, esta empresa fantasma de Victorino Alonso. Por eso ahora dirigen cartas a la empresa, a través de una oficina que Victorino Alonso tiene en las naves de Fabero, para que se las hagan llegar a Geninvest, porque siguen sin conocer la dirección postal o ningún otro medio de comunicación con esa empresa fantasma. Solo la conocen a través de sus declaraciones en la prensa», explican.
Los vecinos y las juntas vecinales siguen denunciando que Victorino Alonso y su grupo empresarial «no solo no restauró la devastación de la Gran Corta, sino que además ahora quiere apropiarse de los terrenos restaurados con dinero público y con el de las subvenciones públicas que se otorgan para instalaciones fotovoltaicas para que le paguemos entre todos este nuevo macroparque fotovoltaico».
El Defensor del Pueblo analizó la documentación que según los vecinos atestigua la existencia del derecho de reversión de los terrenos que hace más de 25 años fueron “expropiados” y “comprados bajo amenaza de expropiación” por el empresario Victorino Alonso, «y de los que ahora quiere volver a apropiarse, una vez restaurados algunos de estos terrenos con dinero público, para poner en ellos macroparques fotovoltaicos y cobrar nuevamente subvenciones públicas para ello, seguir expoliando de nuevo el patrimonio de los pueblos».
Sin embargo, recriminan, la Junta de Castilla y León, «parece defender los intereses de Victorino Alonso y ampara los intereses empresariales de estas compañías oportunistas y los macroproyectos que expolian el territorio rural y el patrimonio de los pueblos y los vecinos, que fueron quienes les eligieron para que sean garantes de sus derechos». Por eso exigen, una vez más, al Gobierno autonómico que obligue al grupo empresarial de Victorino Alonso «para que cumpla los contratos y acuerdos establecidos con los pueblos, tanto de los vecinos y vecinas como de las juntas vecinales de los mismos, antes de darles permiso de ningún tipo».
