[TRIBUNA] La generación vendida
ÁLVARO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | Una democracia no garantiza por sí sola la libertad real de los ciudadanos.
Para que las personas logremos un nivel de libertad que nos permita pensar, decidir y elegir lo que consideremos mejor para nuestras vidas, son condiciones imprescindibles, entre otras, haber tenido acceso a una buena educación imparcial, y disfrutar de total independencia económica.
Una educación sesgada y partidista adoctrina y dirige a la población hacia unos intereses concretos, e impide que cada ciudadano disponga de las suficientes herramientas de conocimiento para poder elegir por sí mismo, dentro de las opciones que el mundo libre nos ofrece.
Cualquier sistema educativo que trate de inculcar a los niños las supuestas bondades de unas tendencias políticas respecto de otras, que presente ciertas ideologías como moralmente superiores, y que manipule la realidad con el objetivo de inventar o revivir enemigos políticos contra los que luchar, no estará educando sino engañando para dirigir las creencias de la población hacia sus intereses partidistas.
Como vemos a diario, en España nos encontramos actualmente con un gobierno que dedica todas sus políticas y esfuerzos hacia el objetivo único de perpetuarse en el poder, a cualquier precio.
Conseguir los apoyos necesarios para mantenerse en el gobierno está llevando al “Partido” a aplicar medidas tan ruines que ningún ciudadano con unos conocimientos y escrúpulos mínimos sería capaz de tolerar, salvo aquellos a los que manipulan y compran de forma descarada.
Por un lado, se tachan de fascistas todas las opiniones diferentes a las suyas. Con esto se intenta anular la libertad de pensamiento y opinión, imponiendo su ideología como moralmente superior. Esta política de imposición del pensamiento parece sacada del Ministerio de la Verdad de George Orwell, y es indigna de un supuesto Estado democrático europeo del siglo XXI.
A quien vive en determinadas CCAA, le impiden incluso el acceso a la educación en la primera lengua oficial de nuestro país, y la única común a todos los ciudadanos, dificultando así el aprendizaje a aquellos que no hayan nacido en ese territorio. Política a todas luces discriminatoria, opuesta a la igualdad entre todos los ciudadanos del país.
En cuanto al ámbito económico, nadie se puede creer que con miles de asesores, el Gobierno no se dé cuenta de que sus políticas de premiar a quien no quiere trabajar, está sumiendo a la sociedad en una dependencia absoluta del Estado, y perjudicando claramente la economía de todo el país.
Se aprovechan de la condición de una parte de la población seguidora de su tendencia ideológica, a la que consiguen comprar con una paga, y a la que sacan del mercado laboral para que pasen a depender plenamente de ellos. Doble objetivo conseguido.
Es más que evidente para cualquiera que tenga unos conocimientos mínimos de política económica, que premiando a quien no trabaja, en lugar de premiar a quien trabaja, los efectos son exactamente los que estamos sufriendo actualmente: no se encuentran personas para trabajar en muchos sectores, con el consiguiente perjuicio inmediato para las empresas y por ende para toda la economía nacional, y por tanto para toda la población a medio y largo plazo.
Es muy sencillo: las personas que no trabajan no solo no cotizan, sino que cobran ayudas públicas, minorando así las arcas de la Seguridad Social. Las empresas perjudicadas por no encontrar suficientes trabajadores, ven reducidas sus posibilidades de ingresos y sus beneficios, lo que además de tener un perjuicio directo para el sector privado, disminuye la recaudación tributaria, y así, los fondos públicos para destinar a educación, sanidad, infraestructuras, ayudas sociales realmente necesarias, etc. Por estas razones no hay política más antisocial que regalar ayudas a quienes no las necesitan, perjudicando gravemente al resto de la población.
Es imposible desconocer algo tan básico cuando tienen tantas herramientas y asesores a su disposición. Pero esto es justo lo que les interesa: anular a la población, con una educación cada vez más pobre y con una dependencia económica creciente del Estado.
Si a eso le añadimos el mensaje constante de “o nosotros o el fascismo”, tenemos los cimientos de regímenes como la URSS, Yugoslavia, Camboya, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, y un largo etcétera de lamentables ejemplos que se ocultan o falsean, para aprovecharse de un sector del pueblo al que no interesa nada más que cobrar pagas mensuales regaladas a cambio de nada. Único objetivo éste de muchos integrantes de la sociedad más corta de miras que ha conocido este país.
Aquellos que más enarbolan la bandera de las ayudas sociales, suelen ser quienes más consumen en beneficio propio los recursos del Estado, no permitiendo que exista una sola ayuda pública que dejen sin cobrar, sin importarles en absoluto que de este modo no se puedan destinar recursos a otros fines y personas mucho más necesitadas.
La generación actual ha recibido la mejor herencia de la Historia de este país y la está dilapidando. Nuestros padres y abuelos se dejaron la piel, sin ayuda social alguna, para convertir una España tristemente destruida en uno de los países con mayor progreso en el mundo entre la transición y el funesto año 2004.
La gravedad del momento actual debería provocar una profunda reflexión de todo el país. Los intereses del “Partido” y los agentes “sociales” con él conchabados, no se deberían imponer a los generales de todos los ciudadanos como está ocurriendo. No en una supuesta democracia europea. Los políticos que nos gobiernan actualmente nunca podrían utilizar sin tapujos todos los recursos del Estado en su propio beneficio, si el pueblo no se lo permitiese.
Somos una sociedad muy acostumbrada a culpar a los políticos de todos nuestros males. Debería ser el momento de preguntarnos quién tiene mayor responsabilidad en la grave situación actual: quienes compran voluntades, o quienes las venden sin avergonzarse por ello.