Ponferrada también perdería las ayudas al transporte público si no aplica la ZBE
El equipo de Gobierno continúa negociando con el PSOE una ordenanza que evite la devolución de fondos europeos.
Las negociaciones para la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Ponferrada continúan, sin que por ahora se vislumbre un acuerdo entre el equipo de Gobierno presidido por Marco Morala y el PSOE. Ambas partes intentan alcanzar un entendimiento para dotar a Ponferrada de una ordenanza reguladora obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes y evitar así la devolución de los 2,4 millones de euros recibidos para obras ejecutadas en el centro de la ciudad.
Los socialistas mantienen sus exigencias: incluir en el documento medidas específicas a aplicar cuando los índices de contaminación sean «graves y peligrosos para la salud» y adelantar su entrada en vigor al 1 de diciembre de 2027. Por su parte, el bipartito se reafirma en su posición tras reunirse de nuevo este lunes con las diferentes asociaciones de comerciantes del centro de la ciudad, que “insisten en la necesidad de aprobar el texto de este equipo de Gobierno”.
Pero no solo la devolución de las ayudas europeas depende de este acuerdo. El Gobierno ha anunciado que retirará las ayudas al transporte público a los ayuntamientos que no cumplan con las zonas de bajas emisiones. El Ministerio para la Transición Ecológica y el de Transportes y Movilidad Sostenible pretenden que a partir de este año todas las ciudades de más de 50.000 habitantes que quieran acceder a las ayudas al transporte público deben tener una ZBE en funcionamiento, una obligación legal contemplada en la Ley de Cambio Climático.
Los departamentos dirigidos por Teresa Ribera y Óscar Puente están elaborando criterios comunes para definir qué es una zona de bajas emisiones (ZBE) y determinar qué zonas son efectivas y cuáles no, es decir, qué zonas cumplen con los objetivos de reducir el tráfico y la contaminación. «No pueden existir ayudas al transporte público, precisamente para ciudades donde es una alternativa al uso del coche, al tiempo que no se están tomando las acciones para considerar y garantizar que la calidad del aire es la mejor para todos los ciudadanos», advirtió la semana pasada el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) otorga ayudas a los municipios para financiar el servicio de transporte público colectivo urbano interior, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. A Castilla y León llegaron cerca de 4,3 millones de euros, de los que Ponferrada recibió en torno a 160.000 euros.
