PP y PSOE se acercan a un acuerdo ‘salomónico’ sobre la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
Los populares admiten adelantar seis meses la entrada en vigor del régimen sancionador y esperan respuesta de los socialistas.
El acuerdo sobre la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ponferrada parece estar más cerca gracias a una solución salomónica, lo que en términos de transacciones comerciales suele conocerse como «partir la diferencia». El PSOE pretendía que el régimen sancionador se aplicase desde 2026, frente a la intención de PP y CB de demorar su entrada en vigor hasta finales de 2027.
La nueva propuesta del equipo de Gobierno consistiría en adelantar a mediados de 2027 –ya con otra corporación– la imposición de multas a los infractores. El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, señaló que su intención es aplicar las sanciones «lo más lejos posible que permite la normativa y lo menos lesivo» y pidió una reflexión al PSOE para que «no impidan que haya una ordenanza».
Moreno ha manifestado que se está trabajando en el ordenamiento interno de funcionamiento y asegura que está “bastante avanzado”. En cuanto a la opinión de los comerciantes, el concejal destaca que han consensuado con ellos una propuesta que se presentó al PSOE y “estamos esperando la respuesta del grupo socialista”. Luis Antonio Moreno señala que no pretenden usar a las asociaciones de comercio pero “queremos escucharles”.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propone una ordenanza tipo para que los ayuntamientos afectados, entre ellos Ponferrada, puedan redactar la ordenanza reguladora de esta nueva restricción del tráfico en el centro de las ciudades. La propuesta de sanción, que se podrá incrementar en un 30% en caso de reincidencia, se acordó por unanimidad en la Junta de Gobierno de la FEMP celebrada el pasado 2 de marzo de 2023.
En caso de no aprobar una ordenanza para la Zona de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento de Ponferrada se arriesga tener que devolver 2,4 millones de euros de ayudas europeas recibidas para obras en el centro de la ciudad, y además perdería en lo sucesivo las subvenciones al transporte público urbano.