El bipartito pide al PSOE una abstención que permita aprobar la ordenanza de la ZBE
El concejal de Hacienda anuncia una «actualización» de las tarifas del servicio de suministro de agua de Ponferrada.
La ordenanza de la Zona Bajas Emisiones (ZBE) que estaban negociando PP y PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada ha entrado en vía muerta después de que ambas partes se hayan enrocado en sus posiciones respecto a la fecha de entrada en vigor del régimen sancionador. Los socialistas proponen el 1 de enero de 2027 y los populares, al igual que sus socios de Coalición por El Bierzo, no están dispuestos a aceptar ninguna fecha que no sea el 30 de junio del mismo año.
La diferencia es de tan solo seis meses, pero que tienen su importancia. Lo que se dirime es si se podrá empezar a multar a los infractores antes o después de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027. Este lunes, el concejal de Hacienda Luis Antonio Moreno pidió al PSOE que «reflexione» durante las vacaciones de agosto para poder aprobar la ordenanza de la ZBE en septiembre «al menos con su abstención».
Moreno hizo hincapié en que sería lamentable tener que devolver 2,4 millones de euros de ayudas europeas «por una diferencia de seis meses» en la activación de las sanciones. Una cantidad que pasaría a engrosar el ya amplio capítulo de lo que el bipartito califica como deuda heredada y que se sitúa ya por encima de los 15 millones de euros
En cuanto al resto de esa deuda, la concesionaria del agua Aquona reclama 3,5 millones por no haberse actualizado la tasa al IPC durante cuatro años. Por ello, Moreno anunció que inevitablemente se producirá una «actualización» de las tarifas tras negociar con la empresa.
La deuda que reclama la concesionaria de limpieza uy recogida de basura FCC suma 7 millones y los técnicos municipales están examinando que esa cifra sea la correcta. En caso afirmativo, «mi idea es que esté saldada el año próximo y evitar que siga aumentando», subrayó Moreno.
Finalmente, la deuda por el Mundial de Ciclismo casi alcanza los 4 millones y se está negociando con el Banco Santander, al que por sentencia judicial se ha de devolver el crédito otorgado en su día a la Fundación de Deportes con los correspondientes intereses.
