La parada de producción de Forestalia cuestiona su viabilidad sin fondos públicos
Bierzo Aire Limpio denuncia el «grave error de cálculo» de los costes y la presión de la empresa para incrementar la ayuda estatal.
La parada en la producción de la planta de Forestalia en Cubillos del Sil, después de escasamente tres años de funcionamiento, supone para Bierzo Aire Limpio (BAL) no solo una medida de presión para que la subvención del Estado pase de 58 a 70 euros por tonelada de biomasa, sino que «evidencia un grave error de cálculo de los costes y un ineficaz análisis de viabilidad con el que fue dado de paso un proyecto sin las suficientes garantías».
Esto supone que sin la ayuda de estas retribuciones públicas las centrales de biomasa «no son rentables con respecto a otras fuentes de producción energética», subraya la organización ecologista. Mientras, apostilla, los profesionales de la agricultura berciana se quejan de que los restos de poda de sus cultivos no se recogen y que la biomasa empleada en la central son arboledas completas que se talan a matracas, «dato este último que se puede comprobar visitando el Parque de Combustible de la empresa».
Forestalia se crea a pesar de las dudas manifestadas por numerosos colectivos ecologistas, como Bierzo Aire Limpio, que mantuvo varios pleitos contra las autorizaciones de la planta y a día de hoy sigue recurriendo en los tribunales contra la autorización de uso excepcional de este proyecto. Entre las razones esgrimidas por BAL se encuentran los daños ambientales y sanitarios derivados de una actividad que, entienden, de “renovable” solo tiene el nombre, pues renovable «significa que se repone a una tasa más alta que la tasa en la que se consume».
Sin embargo, además de que la incineración de biomasa incrementa los niveles de dióxido de carbono en periodos muy cortos de tiempo, recuperar ese bosque talado con sus beneficios y efectos protectores (servicios de los ecosistemas) tardará una media de 100 años. Entre los efectos abundan en la importante pérdida de suelo que se produce con las talas a matarrasa, algunas en plena época estival y, como ocurre con frecuencia en la comarca berciana, en zonas con pendientes muy pronunciadas.
Por otro lado, apunta Bierzo Aire Limpio, «la incineración de biomasa es perjudicial para la salud, siendo uno de sus principales efectos, que el sector no asume, la emisión de gases contaminantes (como el monóxido de carbono y dioxinas, por ejemplo) y partículas ultrafinas implicadas en enfermedades cardiorrespiratorias».
La «nula sostenibilidad» de la actividad de la empresa
«Como se ha constatado este verano, la incineración de biomasa no es viable económicamente, ya que, a los gastos relacionados con las tareas dependientes de los combustibles fósiles, hay que añadir los gastos sanitarios derivados de una actividad que contamina el aire, sin olvidar que la extracción de biomasa choca con otras formas de explotación forestal menos impactantes, como puede ser el ecoturismo, recolección de setas y frutos, etc.», reflexiona el colectivo.
La razón de ser de Forestalia en el Bierzo fue la creación de puestos de trabajo, sin embargo BAL destaca que «ahora el sector se declara incapaz de sostener económicamente la actividad». En opinión del colectivo, «es patente que la situación tiene numerosas similitudes con un pasado no muy lejano que ha dejado cicatrices sociales y económicas de gravedad en la comarca berciana y, con esa fecha de caducidad encima de la mesa, más de uno se preguntará cuánto tiempo va a ser sostenida esta actividad hasta que se certifique su nula sostenibilidad».
La asociación ecologista declara que es insólito que las asociaciones ciudadanas como BAL sean las que estén velando por el medio ambiente y por la salud de la ciudadanía, cuando deberían ser las administraciones, con su equipo técnico a la cabeza, las que lo hicieran. «Sin embargo, ni siquiera son capaces de vislumbrar los previsibles problemas económicos, ambientales y sociales que plantean las empresas caza-subvenciones», lamentan.
Finalmente, los ecologistas manifiestan también su hartazgo ante lo que consideran «dejación de responsabilidades y funciones de las administraciones, que dan paso a proyectos que adolecen de las condiciones ambientales y requisitos técnicos mínimos, para proteger la salud pública y el medio ambiente en el que vivimos la ciudadanía y ni siquiera ofrecen garantías de viabilidad económica».
