La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para el alcalde de Barjas por presunta prevaricación
Alfredo de Arriba y la secretaria, también procesada, están acusados de inscribir propiedades privadas a nombre del Ayuntamiento.
La Fiscalía de Área de Ponferrada pide 12 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público para el alcalde de Barjas, el socialista Alfredo de Arriba, y para la secretaria del Ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación administrativa. El juicio oral se celebrará en la Audiencia Provincial de León los días 23 y 24 de septiembre.
La fiscal explica en su escrito de acusación que el regidor, en junio de 2020, acordó iniciar de oficio un procedimiento de potestad de investigación para resolver las dudas sobre la titularidad de bienes inmuebles en una localidad del municipio. Para ello, pidió a la secretaria que emitiera un informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con el ejercicio de la potestad sancionadora.
En julio de ese mismo año, el pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, acordó la incoación del expediente de investigación de la titularidad de dichos bienes inmuebles y se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A pesar de que se presentaron alegaciones por parte de nueve interesados, aportando documentos acreditativos de la titularidad de los bienes, la Fiscalía indica que el acusado, en su condición de alcalde, firmó una providencia acordando recabar informe de los servicios técnicos.
Ese informe, sostiene la fiscal, fue el que utilizó la secretaria del consistorio, «a sabiendas de la ilegalidad», para elaborar otro documento en el que propone que las alegaciones deben ser desestimadas. Finalmente, el regidor convocó un pleno extraordinario para llevar la resolución del expediente de investigación de titularidad de los bienes, «y en base a informes técnicos y al informe propuesta de la secretaria, consiguió manipular la voluntad del pleno, que por mayoría acordó declarar que el Ayuntamiento de Barjas viene haciendo uso pacíficamente desde hace más de 20 años de los inmuebles», a pesar de la oposición de 9 vecinos. Además, se inscribieron dichos inmuebles en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación, «en lugar de acudir al procedimiento civil contradictorio correspondiente».
