Ponferrada todavía tiene cuentas pendientes del Mundial de Ciclismo diez años después
Hace diez años, tal día como hoy, Ponferrada se preparaba para la inauguración oficial del Mundial de Ciclismo entre el entusiasmo de unos y el escepticismo de otros. Una década después, el evento no solo sigue presenta en varios murales repartidos por la ciudad y un conjunto escultórico que se proyecta trasladar desde Montearenas al entorno del Toralín, sino que las consecuencias económicas de aquel gran fiasco que costó a las arcas municipales al menos 12 millones de euros todavía no están saldadas.
En el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Ponferrada, celebrado el día 5 de este mes de septiembre, se aprobó al acuerdo alcanzado por el equipo de Gobierno con el Banco Santander con el fin de satisfacer la deuda de 2,4 millones que arrastraba el consistorio, herencia de la disuelta Fundación de Deportes que gestionó el Mundial.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló el pasado mes de abril a favor del Banco de Santander en relación con esos 2.400.000 euros (más intereses, lo que eleva la cuantía por encima de los 3 millones) del préstamo concedido a la Fundación de Deportes con ocasión del Mundial, en contra de las sentencias anteriores que daban la razón al Ayuntamiento en su pretensión de esquivar el pago alegando que la Fundación era una entidad privada.
El TSJ, sin embargo, propinó un varapalo a la postura del Ayuntamiento de Ponferrada, al que considera responsable final del pago si la Fundación no lo afrontó. La existencia de responsabilidad patrimonial se sustenta en el acuerdo del pleno del 29 de agosto de 2014 por el que se aprobó la encomienda de gestión de la competición a la Fundación de Deportes. Asimismo, la sentencia reprocha que se disolviera este organismo sin atender previamente las obligaciones contraídas.
En principio, el bipartito comandado por Marco Morala se planteó interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo –postura que apoyaba el PSOE– pero esa intención inicial se fue diluyendo para dejar paso a una negociación con la entidad financiera para saldar la deuda con el abono de 2 millones de euros renunciando al recurso. Una solución que salió adelante en el pleno del 5 de septiembre gracias a la abstención de Vox.
La devolución del crédito era el último fleco de la desastrosa gestión del Mundial, documentada con detalle en el informe elaborado por la comisión especial creada en el Ayuntamiento para analizar todos los aspectos relacionados con la organización del evento ciclista. Sus conclusiones desvelaron numerosas irregularidades que BierzoDiario adelantó en exclusiva en cinco capítulos.
El precio del honor de los ‘antorchados’
Los responsables de aquella cuestionada gestión política y económica –el entonces alcalde Samuel Folgueral y los miembros del núcleo duro de su equipo– nunca ejercieron el derecho de réplica y/o de rectificación ante las informaciones publicadas en este y en otros medios de comunicación. En cambio, presentaron años después una demanda por presunta intromisión en su derecho al honor contra el editor de BierzoDiario y el columnista Germán Valcárcel, envalentonados quizá porque los tribunales habían archivado la denuncia interpuesta por la Fiscalía tras analizar la documentación aportada por un colectivo ciudadano.
A Folgueral y compañía no les gustaban los motes que, con simple animus iocandi, se les adjudicaron en este digital. Hicieron acopio de artículos –incluso fotocopiaron entero el libro Mundial a la contra, que todavía pueden encontrar en las librerías– para fundamentar una demanda que de no ser por el tiempo transcurrido podría haberse tomado como un claro ejemplo de SLAPP, acrónimo de Strategic lawsuit against public participation (litigios estratégicos contra la participación pública), práctica identificada por la Comisión Europea como una “amenaza a los valores democráticos y derechos fundamentales”. El objetivo de este tipo de litigios no es ganar el caso, sino intimidar, cansar y consumir los recursos financieros y psicológicos de los denunciados para así silenciarlos. Ahora Pedro Sánchez ha prometido incluir este asunto en su polémico plan de regeneración.
La demanda de Folgueral y compañía no llegaba ni a SLAPP. Más bien tenía el aroma de un ajuste de cuentas tardío. Querían castigar opiniones y el tiro les salió por la culata. Fue desestimada y se les impusieron las costas del procedimiento. No recurrieron la sentencia, pero intentaron dilatar el pago. El juzgado rechazó su pretensión de declarar indebida o excesiva la minuta aplicada y finalmente tuvieron que pagar casi tanto como pedían a cada uno de los demandados en concepto de indemnización. Ese es el precio del honor supuestamente mancillado de los que aquí bautizamos como antorchados.
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