Acusan a Victorino Alonso de actuar «como una mafia» para «expoliar» a los pueblos
Lillo y Otero se unen a Sancedo y Arganza para exigir a la Junta que «deje de defender los intereses del empresario minero».
Vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes, así como las juntas vecinales de ambos pueblos, han anunciado este sábado que se pondrán en contacto con los vecinos de Sancedo para sumarse a su lucha por evitar que una empresa del grupo Alonso «se adueñe también de sus fincas». Y es que, afirman en un comunicado, «testaferros de Victorino Alonso operan como una especie de mafia en el Bierzo para adueñarse ilícitamente de fincas y terrenos de los pueblos con el silencio de las administraciones regionales y la Junta de Castilla y León».
Los afectados de Lillo y Otero aseguran que compañías como Geninvest o Comile son «empresas fantasma de Victorino Alonso que, tras expoliar el territorio del Bierzo durante años, ahora quieren reexpoliarlo quedándose con los terrenos para instalar macroparques fotovoltaicos para que, nuevamente, a costa del erario público enriquecerse aún más».
Por ello, se pondrán en contacto con los vecinos de Sancedo y Arganza «que están sufriendo otro nuevo expolio de sus terrenos», para exigir conjuntamente a la Junta de Castilla y León «que deje de defender los intereses de Victorino Alonso, empresario minero que está cumpliendo una pena de cuatro años de prisión desde hace algo más de un año, pero que ya disfruta del tercer grado penitenciario y se ha puesto parece ser en marcha para un nuevo pelotazo a costa de los pueblos del Bierzo».
Se unirán, subrayan, para exigir que la Junta de Castilla y León, que «ampare los intereses de los vecinos y vecinas de Lillo, Otero, Sancedo, Arganza y las poblaciones que próximamente serán objeto de nuevos expolios por parte de estas compañías oportunistas y de sus macroproyectos que expolian el territorio rural y el patrimonio de los pueblos y los vecinos». También reclamarán al Gobierno autonómico que obligue al grupo empresarial de Victorino Alonso a cumplir los contratos y acuerdos establecidos con los pueblos antes de concederles permisos de ningún tipo.
«Es el descaro y el atropello más flagrante que se ha visto en el Bierzo. Y es indignante que, tras la macromanifestación que se celebró en Ponferrada donde se reclamó que la energía sea controlada por los propios pueblos y comunidades, que ahora vengan a volver a expropiar lo expropiado ya y con dinero público de nuestros impuestos», concluyen.
