El PP sugiere a la dirección del PSOE que releve al alcalde de Barjas
Los populares aluden a la «delicada situación» de Alfredo de Arriba, que alegó en un juicio padecer una enfermedad incapacitante.
Transcurridos cuatro meses desde la suspensión del juicio en la Audiencia Provincial de León contra el alcalde de Barjas y su secretaria municipal por presunta prevaricación administrativa, tras alegar la defensa que el regidor padece una enfermedad posiblemente incapacitante para prestar declaración, sorprende cuando menos que el alcalde no haya renunciado a su cargo para que otra persona con capacidades plenas se ocupe de las necesidades del municipio y de sus vecinos.
El Partido Popular de León lamenta las circunstancias de salud del regidor y desea que se trate de un problema leve, sin embargo preocupa también, en caso de ser cierta esta información aportada al Juzgado por parte del afectado, la situación que se estaría generando en el correcto funcionamiento de la administración del municipio, “dado que una persona que por salud no se encuentra en plenas facultades para afrontar una declaración sobre su proceder en el desarrollo de sus funciones como alcalde, tampoco se encontraría en plenas facultades para continuar en ese cargo”.
Por este motivo, desde el PP provincial instan al PSOE a evaluar esta delicada situación y a tomar «las decisiones apropiadas a las circunstancias que han transcendido pensando en el beneficio del municipio y las personas que lo habitan».
Juicio suspendido a la espera de la evaluación forense
La Audiencia Provincial de León suspendió en septiembre de 2024 el juicio contra Alfredo de Arriba y la secretaria municipal acusados de prevaricación administrativa. La defensa del regidor aportó un informe acreditando que sufría una enfermedad neurodegenerativa, que podría invalidarle para prestar declaración. El tribunal determinó que el acusado se sometiera a una revisión por un médico forense para aclarar si se encuentra en condiciones de afrontar el juicio.
La Fiscalía de Área de Ponferrada pide 12 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público para el alcalde y la secretaria por un presunto delito de prevaricación administrativa. De Arriba ordenó en 2020 iniciar de oficio un procedimiento de potestad de investigación para resolver las dudas sobre la titularidad de bienes inmuebles en una localidad del municipio. Para ello, pidió a la secretaria que emitiera un informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con el ejercicio de la potestad sancionadora.
En julio de ese mismo año, el pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, acordó la incoación del expediente de investigación de la titularidad de dichos bienes inmuebles y se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A pesar de que se presentaron alegaciones por parte de nueve interesados, aportando documentos acreditativos de la titularidad de los bienes, la Fiscalía indica que el acusado, en su condición de alcalde, firmó una providencia acordando recabar informe de los servicios técnicos.
Ese informe, sostiene la fiscal, fue el que utilizó la secretaria del consistorio, «a sabiendas de la ilegalidad», para elaborar otro documento en el que propone que las alegaciones deben ser desestimadas. Finalmente, el regidor convocó un pleno extraordinario para llevar la resolución del expediente de investigación de titularidad de los bienes, «y en base a informes técnicos y al informe propuesta de la secretaria, consiguió manipular la voluntad del pleno, que por mayoría acordó declarar que el Ayuntamiento de Barjas viene haciendo uso pacíficamente desde hace más de 20 años de los inmuebles», a pesar de la oposición de 9 vecinos. Además, se inscribieron dichos inmuebles en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación, «en lugar de acudir al procedimiento civil contradictorio correspondiente».
