Ponferrada adjudica en 68.365 euros al año un nuevo contrato de asistencia jurídica
Despacho Ábaco SAP ejercerá las funciones de asesoramiento y defensa en juicio de las que se ocupaba Roibás Abogados.
El Ayuntamiento de Ponferrada ha adjudicado a Despacho Ábaco SAP el contrato del servicio de asistencia letrada, asesoramiento jurídico y defensa en juicio, por un importe total de 68.365 euros anuales (56.500 más IVA), a través de un procedimiento negociado sin publicidad en el que fueron invitados a participar otros dos bufetes de la ciudad, que no llegaron a presentar oferta. El pliego de condiciones contempla la opción de prórroga por un año más.
Despacho Ábaco SAP releva en las funciones de asesoría jurídica externa del consistorio a la firma Roibás Abogados, a la que el Ayuntamiento adjudicó en abril de 2023 el contrato para el servicio de defensa y asesoría. Al procedimiento también habían concurrido Bufete Casadeley, Calixto Escariz, Despacho Ábaco, Despacho BK y Grupo Unive Servicios Jurídicos. La relación entre el despacho gallego y los responsables municipales, sin embargo, parece no haber funcionado a gusto de ambas partes y los actuales gestores municipales optaron por sacar un nuevo contrato mediante un negociado sin publicidad.
El pliego de condiciones del Ayuntamiento de Ponferrada establecía que los despachos que opten al contrato deberán disponer de un equipo profesional de al menos tres abogados colegiados ejercites, con una antigüedad mínima de cinco años de colegiación profesional. Los miembros del equipo profesional asignado a la ejecución del contrato, en el supuesto de ser personas distintas al licitador, bien como socios profesionales o con relación laboral con el empresario licitador, deberán aportar certificación del Colegio de Abogados, con escrituras societarias en caso de socios profesionales o vinculados y con certificados de vida laboral los letrados en relación laboral con el empresario.
Asimismo, el pliego exigía presentar una relación de las principales actuaciones procesales ejecutadas por el licitador o profesionales asignados a su ejecución en los últimos tres años, indicando destinatario y jurisdicción. El número mínimo de pleitos a acreditar en el año de mejor facturación se fijó en 20 en la jurisdicción contencioso administrativa, 20 en la social, 5 en la civil y 5 en la penal.
