Villafranca se asoma a la ingobernabilidad tras pasar a no adscritos cuatro ediles del PSOE
El alcalde se queda solo al frente del Ayuntamiento, pero blindado ante una moción de censura que solo podrían firmar PP y CB.
La crisis de la calle del Agua, detonante de discrepancias que vienen de antes en del grupo socialista, amenaza con convertir en ingobernable el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Cuatro concejales elegidos en la lista del PSOE anunciaron este lunes su pase al grupo mixto dejando solo al alcalde, Anderson Batista, pero en realidad tendrán que desempeñar a partir de ahora sus funciones como no adscritos. Y eso supone limitaciones y condicionantes que merece la pena analizar.
La figura de los «miembros no adscritos» fue introducida en la legislación estatal en 2003 por la Ley de medidas para la modernización del gobierno local (Ley 57/2003, de 16 de diciembre). La modificación amplió la regulación añadiendo un inciso nuevo: «A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos».
Una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2020 señala que tal regulación trae causa del pacto anti transfuguismo de 1998 y sus adendas posteriores, textos “de los que se deduce sin matiz una idea de censura a lo que se denomina transfuguismo”. El artículo 73.3 Ley de Bases de Régimen Local establece como regla que tendrán la consideración de miembros no adscritos los concejales “que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia”.
La legislación de régimen local contempla asimismo que el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, impide que se asuman cargos o se perciban retribuciones que antes no ejercía o percibían los concejales que abandonaron el grupo por el que fueron elegidos cuando impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas.
Una moción de censura casi imposible
Quizá el aspecto más relevante de la novedosa situación de Villafranca sea la dificultad para presentar una moción de censura contra el alcalde. La única opción legalmente despejada, una moción firmada por los cinco concejales del PP y uno de Coalición por El Bierzo, se antoja políticamente inviable. Y la firma de aquellos concejales que hayan formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone queda excluida del cómputo de la mayoría necesaria para presentarla, que en este caso es de seis concejales.
Mientras el alcalde dice estar meditando la decisión a adoptar tras anunciarse que los cuatro concejales pasarán a no adscritos, son muchas las preguntas que siguen en el aire. ¿Mantendrá Batista a los tránsfugas en la Junta de Gobierno Local, la vaciará de competencias o la disolverá para gobernar en solitario? ¿Buscará el apoyo del PP en los plenos para conformar una mayoría? ¿Se ha replanteado su negativa a dimitir tras quedarse solo?
Un hipotético abandono de Anderson Batista pondría sobre la mesa escenarios no menos complejos. Si dimite como regidor pero se mantiene como concejal, solo él podría ser candidato del PSOE a la Alcaldía en una nueva votación. Si también deja el acta de edil, el candidato tendría que ser el miembro de la candidatura socialista que accediera en su lugar al Ayuntamiento. Y en cualquier caso, sin el apoyo del único representante de Coalición por El Bierzo, tras esa eventual votación el alcalde sería el popular José Manuel Pereira como número uno de la lista que obtuvo más papeletas en los comicios locales de 2023.
