El TSJ abre la puerta a licitar de nuevo o municipalizar el servicio de limpieza de Ponferrada
El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso de Urbaser contra la resolución del Tarccyl que avalaba excluir del procedimiento de adjudicación a las dos aspirantes al contrato.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Urbaser contra la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) que abría la puerta a una nueva licitación al sostener que, según su criterio, tanto esta firma como la finalmente adjudicataria FCC tendrían que haber sido excluidas del procedimiento de licitacuón del contrato de limpieza, recogida de basura y mantenimiento de zonas verdes tramitdo por el bipartito que encabezaba Samuel Folgueral.
Urbaser, que obtuvo en los tribunales una sentencia anulando la adjudicación a FCC en 2014 del contrato, recurrió hace un año la decisión del Tarccyl ante la Sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ahora ha fallado desestimando sus argumentos. Cabe todavía un recurso de casación, pero aún en el caso de ser admitido a trámite no paralizaría la ejecución de la sentencia.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada –con el alcalde de viaje en Barcelona para presentar un proyecto en una feria de ciudades inteligentes– valorará mañana jueves la sentencia del TSJ. En cualquier caso, fuentes del consistorio apuntan a que la salida inmediata pasaría por un contrato puente antes de abordar la gestión directa, de acuerdo con los informes de los técnicos presentados en la comisión especial creada para analizar la gestión de los servicios municipales.
El tribunal adscrito al Consejo Consultivo de Castilla y León, que en 2014 desestimó el recurso de Urbaser contra la adjudicación del contrato a FCC —posteriormente anulado por los tribunales—, ordenaba en una resolución emitida el 3 de octubre de 2018 «retrotraer las actuaciones para valorar las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos». Ahora, el Tribunal Superior de Justicia avalaría esas tesis devolviendo así el embrollo a la casilla de salida.
El PRB, la formación que había acudido al Tarccyl en contra del criterio del resto de los grupos políticos municipales, se ha congratulado por el fallo del TSJ que permite «convocar un concurso en condiciones, o municipalizar el servicio».
Tanto Urbarser como FCC incumplieron los pliegos de condiciones
La resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León argumentaba que Urbaser también incumplió los pliegos de condiciones. «Tal cuestión ya fue tratada en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Valladolid, de 22 de junio de 2016, en la que se estimaba el recurso interpuesto contra la adjudicación del contrato a FFC y en cuyo fundamento de derecho cuarto se señala que Urbaser S.A. incumplió la exigencia de incluir el coste de las mejoras en el estudio económico», subraya.
También se agarra a que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, en el auto de ejecución de sentencia de fecha 5 de julio de 2017, posteriormente confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, señala que «la consecuencia de tales incumplimientos por ambas empresas será el que resulte de tal corrección de puntuaciones técnicas y económicas según el Pliego de Condiciones, sin que en tal sentencia se ordene que el contrato deba adjudicarse sin más a ninguna de las dos empresas, la ejecutada y la que resultó adjudicataria».
En base a ambos argumentos, el Tarccyl enmienda la plana a la forma en que el Ayuntamiento de Ponferrada ejecutó la sentencia, excluyendo solo a FCC y adjudicando el contrato a Urbaser. Por ello, consideraba que «cabe estimar estos motivos» del recurso del PRB contra el acuerdo del pleno del pasado 18 de julio y ordenaba proceder «debidamente a la ejecución de la resolución judicial (…) corrigiendo las puntuaciones técnicas y económicas» en los términos señalados en los pliegos de condiciones.
