Investigan un contrato de Cacabelos con una empresa relacionada con la Púnica
El Ayuntamiento encargó a Asproener una asesoría energética tres años antes de la adjudicación a UTE Cúa de la polémica gestión del alumbrado público.
Entre la abundante documentación que el Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada ha requerido al Ayuntamiento de Cacabelos, en relación con la causa abierta a instancias de la fiscalía por la privatización del alumbrado, figura un contrato firmado en noviembre de 2011 con Asproener, empresa que aparece en el sumario de una de las piezas de la trama Púnica.
La investigación judicial trataría de esclarecer su finalmente Asproener, constituida el 21 de junio de 2011 por Juan José Guzmán López (que fue militante del PP en el municipio madrileño de Griñón), prestó efectivamente el servicio de asesoramiento energético encargado por el Ayuntamiento de Cacabelos, por importe de 18.000 euros, según consta en un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 7 de octubre de 2011. O si, por el contrario, ese encargo no llegó a ejecutarse.
El acta de la Junta de Gobierno, formada por cinco ediles del PP, especifica que la empresa “debido a su complejidad, asesorará en la redacción de los pliegos de condiciones para obtener la mejor solución, técnica como económica para el Ayuntamiento” en materia energética. No solo eso, también se faculta a Asproener para “participar como técnicos en las mesas de contratación que se precisen, y estén relacionadas con el objeto de este contrato”.
Cacabelos aparece en los informes elaborados por la UCO
El nombre de Cacabelos aparece en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dieron lugar a la apertura de una pieza separada de la trama Púnica en la Audiencia Nacional, relativa a varios contratos de eficiencia energética aprobados por ayuntamientos del sur de Madrid. Los agentes disponían de documentación acerca de los pagos que recibió Asproener de Cofely, una de las empresas de la trama que se hizo con varios contratos de eficiencia energética. Uno de sus directivos fue imputado en la Púnica por supuesto pago de comisiones.
Dos ayuntamientos, uno de Madrid y otro de Toledo, acudieron a la UCO con sospechas de amaño en los contratos de eficiencia energética en los que intervino Asproener. La empresa consiguió contratos de auditoría en seis municipios (Carranque, Cubas de la Sagra, Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio, Quijorna y Torrejon de la Calzada) y los informes de los investigadores reseñan que en aquel momento negociaba, entre otros, el de Cacabelos.
El modus operandi descrito en sus informes por los agentes de la Guardia Civil era el siguiente: Asproener obtenía contratos por un importe máximo de 18.000 euros, para que pudiera ser adjudicado sin concurso público, mediante los que se aseguraba formar parte de la mesa de contratación y la potestad de redactar los pliegos de condiciones del concurso, presuntamente a medida de las futuras adjudicatarias de servicios de eficiencia energética.
