El movimiento vecinal rechaza la nueva tasa de la basura y la subida del agua
El equipo de Gobierno de Ponferrada justifica los aumentos impositivos por la obligación de cumplir la normativa europea y la conveniencia de evitar un contencioso.
El llamamiento de PP a la rebelión ciudadana contra la subida en un 9,7% de la tarifa del agua y la imposición de una nueva tasa por la recogida de basura ya ha surtido su primer efecto. La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comarca del Bierzo ha mostrado su postura «en contra» de ambas medidas. «No se puede subir de un plumazo un 10% las tarifas del agua ni de ningún otro tributo por parte de cualquier Administración», señala en un comunicado difundido este sábado.
Respecto a la tasa de basura, el movimiento vecinal recuerda que fue suprimida a mediados de los años 90 «tras una bestial incremento del IBI (Contribución) que hoy seguimos pagando». El equipo de Gobierno presidido entonces por Ismael Álvarez asegurí que parte de este incremento se destinaría a compensar la desaparición de la tasa de basura.
En consecuencia, la Federación pide que el Ayuntamiento desista de reimplantar la tasa, o bien que reduzca el IBI en el porcentaje que recaude con ella. «Un IBI y un PGOU que deben ser revisados urgentemente, pues no se adecúan a la realidad ecónomica del municipio, que sigue atravesando una grave crisis económica y que en muchos casos pagan un IBI desporporcionado a la zona del municipio en la que viven y los servicios que reciben», apostilla.
El colectivo vecinal critica asimismo la celeridad en el anuncio de estas subidas impositivas, «en plenas navidades», y sin consulta previa a los agentes sociales. Asimismo, invita al Gobierno local presidido por el socialista Olegario Ramón a «municipalizar de una vez el servicio de basura, para que los ahorros de costes reinviertan sobre la calidad del servicio, que actualmente es deplorable».
Cumplimiento de la normativa europea y amenaza de contencioso
Por su parte, el equipo de Gobierno justifica la imposición de una nueva por la recogida de basura en la obligación de atender los reiterados requerimientos de organismos superiores. Em concreto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha recordado al consistorio que la normativa europea obliga a generar una tasa por cada servicio que preste el Ayuntamiento.
La concejala de Hacienda, Mabel Fernández, también explicó en la emisora Radio Bierzo que en el caso del agua, «se ha estado dando largas en los últimos años» a las peticiones de actualización de la tasa formuladas por Aquona, la concesionaria del servicio. Ahora, la empresa amenaza con presentar un recurso contencioso administrativo y prefiere asumir la petición antes que enfrentarse en los juzgados a la concesionaria ante el temor a que la sentencia final «resulte más gravosa» para la ciudadanía.
En relación con la situación del contrato de prestación del servicio de abastecimiento de agua, cabe recordar que hace poco más de año y medio, en abril de 2018, PSOE y Ponferrada en Común cuestionaron en un pleno la legalidad del pago de casi 2,3 millones de euros a la concesionaria Aquona en concepto de compensación por los déficits acumulado y estructural, por entender que fue aprobado por una comisión de seguimiento y control del servicio —en una reunión de julio de 2014 a la que además asistió la empresa sin estar legitimada para ello— usurpando competencias que corresponden a la Intervención municipal.
Esa compensación se financió sin existir consignación presupuestaria para ello y ligada a una subida en el recibo del IPC más un punto, entrando en abierta contradicción con la cláusula del pliego de condiciones que limita al índice de precios al consumo los incrementos máximos aplicables. En concreto, eso significaría que la revalorización máxima del recibo podía ser igual a la del IPC, pero nunca superior, como establece el mecanismo compensatorio.
El recurso interpuesto por un ciudadano a título particular contra aquella decisión permanece sin resolver en el consitorio ponferradino. El anterior equipo de Gobierno, ante la existencia de informes contradictorios de los técnicos municipales, solicitó un dictamen al Consejo Consultivo de Castilla y León, pero este se lavó las manos y respondió que la decisión le corresponde tomarla al Ayuntamiento.
