Los colectivos contra la incineración reclaman al Gobierno que la vete en la Ley de Cambio Climático
“No es admisible hablar de medidas urgentes y permitir una práctica muy tóxica para las personas y el ambiente”, plantean en una entrevista con el Ministerio de Transición Ecológica.
Representantes de la Coordinadora Estatal Contra la Incineración de residuos, entre ellos el presidente de la Plataforma Bierzo Aire Limpio, se han desplazado hasta el Ministerio de Transición Ecológica para que se tengan en consideración sus demandas sobre la incineración como forma de gestión de residuos para su inclusión en la próxima Ley de Cambio Climático, solicitando del Ministerio que dichas demandas sean enviadas a los grupos parlamentarios del Congreso y Senado.
Entre las dieciocho propuestas entregadas a la Subdirectora General de Residuos y al Subdirector General de Coordinación y Acciones frente al Cambio Climático se encuentran: el establecimiento de una moratoria en la concesión de permisos para la incineración de residuos en incineradoras, térmicas, cementeras y otras instalaciones hasta que no se apruebe la Ley de Cambio Climático en relación con las nuevas normativas europeas, respecto al incremento de cantidades a incinerar, cambios de combustible o nuevas autorizaciones para incinerar.
Otras propuestas demandan la participación ciudadana en la discusión de la Ley de Cambio Climático y la adaptación de la normativa de la nueva legislación europea a través de la Coordinadora Estatal y entidades ecologistas; obligatoriedad para todas las incineradoras, térmicas y cementeras de instalar medidores en continuo de las emisiones no sólo de CO2, NOX, SO2, PM10 y algunos metales, sino que midan las partículas más contaminantes tales como dioxinas, furanos, bromo o PM 2,5 entre otras.
Perseguir el delito ecológico
Además, el movimiento contra la incineración exige perseguir de oficio a aquellos funcionarios que se nieguen a cumplir la normativa y obligaciones respecto a la calidad del aire; aplicar una tasa impositiva a la industria cementera/incineradora por las emisiones de CO2 para acabar con el negocio de la venta de derechos de emisión y que no sirvan de subvención encubierta a las cementeras como ocurrió durante la crisis de producción; o implantar una legislación que obligue a las comunidades autónomas y ayuntamientos a adoptar políticas de residuo cero.
Por otro lado, la Coordinadora ha vuelto a denunciar las situaciones de indefensión que sufre la ciudadanía en lo que se conoce como “zonas de sacrificio”, esto es, lugares donde se concentran una gran proporción de industrias contaminantes y que suponen no sólo un problema ambiental, sino una discriminación manifiesta contra las personas de los barrios más vulnerables y con menos redes de influencia política.
Por su parte, ambos subdirectores del Ministerio de Transición Ecológica han invitado a los activistas a participar con las alegaciones que estimen oportunas en las próximas leyes de Gestión de Residuos y de Acciones frente al Cambio Climático. Así mismo les han adelantado alguno de sus contenidos tales como que en 2035 el porcentaje de reciclaje debe alcanzar el 65% y sólo el 10% de los residuos podrá ir a vertedero. La recogida selectiva tanto a nivel doméstico, como industrial y en el sector servicios será el instrumento usado para alcanzar el objetivo.
Junto al documento principal, la Coordinadora, ha adjuntado una copia de la Declaración de Ponferrada y un ejemplar del Plan Alternativo de Residuos para Andalucía en una clara apuesta hacia el Residuo Cero y hacia la sostenibilidad que sirva de refuerzo en la adopción de medidas en las normativas que está por aprobarse desde el Ministerio.
