La Junta estudia acciones legales contra Victorino Alonso, que niega haber ocultado las mascarillas
La empresa Herramientas del Bierzo alega que el material, ya caducado, estaba depositado en prenda por una deuda con la Seguridad Social.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto en manos de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico el caso de las mascarillas encontradas por la policía en una nave propiedad del empresario Victorino Alonso en Ponferrada, tras recibir una llamada anónima informando de su almacenaje.
Las mascarillas, cuyo número oscila según la fuente consultada entre 104.000 y 418.000 –esta última cifra es la que ha declarado la empresa, sin que la Junta, la policía o la subdelegación del Gobierno facilitaran ninguna otra– fueron requisadas este sábado y puestas a disposición del Gobierno autonómico.
«Hemos dado traslado a los servicios jurídicos por quien guardaba indebidamente ese material y no lo había puesto al servicio de las autoridades sanitarias», señaló el presidente de Castilla y León, sin descartar que el caso pueda llegar, «si es necesario», a la vía penal.
En este sentido, Mañueco ha explicado en su comparecencia de este domingo que la Junta está distribuyendo equipos de protección individual, con 160.000 mascarillas, en las residencias de personas mayores y para la asistencia a domicilio en las nueve provincias de la Comunidad. También acaba de recibir 346.365 mascarillas del Ministerio de Sanidad.
No hubo ocultación de las 418.000 mascarillas caducadas
Las mascarillas retiradas por la policía de una nave de Herramientas del Bierzo en Ponferrada eran una prenda depositada por la empresa ante la Seguridad Social para hacer frente a una deuda, según explican desde la compañía propiedad de Victorino Alonso.
La empresa desmiente que las mascarillas faciales (418.000 en total, ya caducadas según consta en su embalaje) estuviesen ocultas y esgrime una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que la obligaba a tenerlas en prenda para afrontar una deuda con la Seguridad Social.
Es más, Herramientas del Bierzo alega que no podía tomar decisión alguna sobre el destino de las mascarillas, adquiridas en su día para la actividad de las empresas mineras de Victorino Alonso. De hecho, señala, su traslado tuvo que ser autorizado por el TSJ y se realizó entonces sin ningún problema. La empresa también entiende que no tenía obligación de comunicar la existencia de ese material, porque el decreto que declara el estado de alarma solo concierne a las fabricantes o importadoras.
