Castilla y León acumula un 24% más de muertos en residencias que en hospitales, según el PSOE
La procuradora socialista Nuria Rubio acusa a la Junta de primar los intereses de los empresarios del sector por encima de la calidad de vida de los residentes.
La procuradora socialista Nuria Rubio ha puesto en evidencia la gestión de la Junta de Castilla y León sobre el servicio de plazas residenciales, centros que han sufrido el enorme impacto de la pandemia de covid-19 y «una grave falta de atención» por parte del Gobierno autonómico.
“¿Comparte la Junta la idea de que el modelo de atención a personas mayores actualmente existente ‘ha hecho aguas’?”, ha preguntado la parlamentaria socialista, parafraseando a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que admitió que el modelo sanitario necesitaba replantearse. “Según sus datos, 3 de cada 4 fallecidos por coronavirus en Castilla y León provienen de residencias de mayores. Ustedes son los máximos responsables de todo lo que sucede en esos centros”, ha añadido exigiendo responsabilidades.
Rubio ha recordado que el actual modelo no funciona porque prima los intereses de los empresarios del sector por encima de la calidad de vida de los residentes. “¿Se imaginan lo diferentes que hubieran sido las cosas si los centros hubieran estado perfectamente equipados, con las inspecciones al día, y las ratios de personal oportunas?”, ha planteado.
La parlamentaria socialista ha denunciado en el pleno de las Cortes que Castilla y León se posicione como la única comunidad autónoma en la que los fallecidos en residencias (confirmados por covid-19 o con síntomas compatibles) superan a los fallecidos en hospitales en un 24% más de casos.
Por su parte, UGT ha solicitado a la fiscalía la apertura de investigaciones en 18 residencias de mayores de la comunidad, doce públicas y seis privadas, con el fin de esclarecer lo ocurrido en estos centros y el alto número de fallecidos y contagiados por el coronavirus.
Al mismo tiempo, ha remitido una carta a todos los grupos parlamentarios de las Cortes solicitando la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico que aclare las “numerosas dudas” que suscita la gestión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en esta materia.
