El sector vitivinícola reclama al Gobierno que atienda sus necesidades
La Junta de Castilla y León expresa su «decepción» al Ministerio de Agricultura por las medidas adoptadas hasta ahora.
Las organizaciones profesionales agrarias, los presidentes de las denominaciones de origen y las cooperativas vitivinícolas de la Comunidad, a través de Urcacyl, han valorado «muy positivamente» las alegaciones que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha formulado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que el sector del vino de la Comunidad se vea reflejado en las medidas extraordinarias que se van a adoptar ante los problemas que presenta este sector en España.
Después de las reuniones mantenidas ayer con todo el sector, el consejero, Jesús Julio Carnero, ha dejado clara la postura de Castilla y León respecto a esas medidas extraordinarias que el Gobierno ha fijado en el sector del vino para hacer frente a los efectos que el cierre del canal de la restauración ha provocado en el consumo del vino, especialmente el de calidad.
Carnero ha transmitido su decepción ante el Ministerio de Agricultura, y ha explicado que “Castilla y León no puede aceptar el texto propuesto porque no se garantiza una aplicación equilibrada de las medidas extraordinarias en todas las Comunidades Autónomas, destacando, por ejemplo, cómo la medida de destilación de crisis se distribuye solo al 25% para zonas con Denominaciones de Origen y al 75% para el resto de las zonas”.
El problema de la contracción del consumo, y por lo tanto de las ventas, afecta tanto a vinos con DOP como al resto de vinos. Y como ha reconocido el propio sector, ha afectado aún más a los vinos con Denominación de Origen al ir dirigidos al canal Horeca en mayor medida.
Tal y como se presenta el proyecto de Real Decreto, favorece claramente a algunas zonas vitivinícolas españolas y limita ampliamente las posibilidades de aplicación de esta medida en nuestra Comunidad. Además, no se considera una compensación por la distancia entre las bodegas y las destilerías, y eso afecta fundamentalmente a Castilla y León, dado que tiene que transportar el vino a más de trescientos kilómetros.
Tampoco se garantiza un equilibrio en la medida de la cosecha en verde cuando no se está estableciendo un importe homogéneo en España en la parte de la ayuda que compensa los gastos de destrucción o eliminación. Asimismo ha incidido en la necesidad de reducción de la producción y en la escasa reducción que plantea el Ministerio para la producción de uva para vinificación fuera de las Denominaciones de Origen.
La destilación de crisis se fija en un máximo de 2 millones de hectolitros, de los cuales, medio millón será para vinos amparados en DOP y 1,5 millones para el resto de vinos. Es necesario equilibrar esta propuesta, en el sentido de destinar al 50% esta distribución.
Se exige que el vino se entregue desnaturalizado al destilador. La Consejería propone que se suprima, ya que supone un coste para las bodegas y no tiene sentido porque este vino va directamente a la producción de alcohol que luego debe desnaturalizarse, por lo tanto el vino no puede reutilizarse.
El incremento de la ayuda a la destilación de vinos distintos a los de DOP ha pasado de 0,25 euros/litro a 0,30 euros/litro. La Consejería considera que este incremento además de no estar justificado, resulta excesivo. Eso va a suponer 7,5 millones de euros más de consumo financiero en el paquete de medidas, pero el problema es que con ese importe se hace más atractiva la destilación de ese tipo de vino y provocará que las propuestas excedan su asignación. Como ya se manifestó en las reuniones previas, este importe debe mantenerse en 0,25 euros/litro.
Además no se ha tenido en cuenta un coste de suministro por distancia, que claramente discrimina los territorios. Las destilerías están muy concentradas territorialmente en España. En Castilla y León no hay apenas destilerías operativas, únicamente una en la provincia de León, y las distancias de las bodegas a las destilerías existentes son lejanas, incrementando en este caso el coste de suministro a los destiladores.
En cuanto a las ayudas para el almacenamiento, desde la Consejería se ha pedido al Gobierno que haya un incremento notable de la subvención porque siguen siendo insuficientes los 0,02 euros por hectolitro/día. El importe de la ayuda debería incrementarse a 0,04 euros por hectolitro/día.
En el caso de la cosecha en verde, desde la Consejería se exige necesariamente un precio medio de destrucción que sea igual en todo el territorio nacional que se podría establecer en 600 euros por hectárea si se realizara de forma manual y en 300 euros por hectáreas si se llevara a cabo mediante procedimientos mecánicos.
