La asociación de Compostilla pide que el desmontaje de la red de calor lo pague la Junta
Los vecinos exigen responsabilidades al anterior equipo de Gobierno e instan al actual a no recurrir la sentencia que declara ilegal la central de biomasa.
Tras conocerse la sentencia que anula las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Ponferrada para la instalación de la red de calor de Somacyl –cuyos términos adelantaba este viernes BierzoDiario– la asociación de vecinos del barrio de Compostilla ha mostrado su satisfacción al tiempo que valoraba los pasos de cara al futuro.
Así, el colectivo piden en primer lugar al actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento que no impugne la sentencia ante el TSJCyL, «generando más gastos de los ya asumidos por los ciudadanos de Ponferrada». Por el contrario, considera que la actual corporación «debe pedir responsabilidades a los miembros del PP que aprobaron en Junta de Gobierno estas licencias ilegales a espaldas del pleno y de los ciudadanos, y que han permitido ejecutar una instalación ilegal».
«Nunca entendimos las prisas en este asunto ni el beneficio que obtenía Ponferrada en poner en marcha esta instalación. Es evidente que la red de calor si favorece a alguien era a Somacyl y a las empresas constructoras que pudieron hacer uso de los fondos europeos», explica la presidenta de la asociación, Pilar Martín Coruña.
Por ello, Compostilla reclama al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que abone con dinero de la Junta de Castilla y León tanto el coste de desmontaje de la central como el parque público de la Juventud «en ese solar que nos merecemos los ponferradinos y que viene previsto en el Plan General de Ordenación Urbana».
En estudio una denuncia por la vía penal
Víctor Álvarez Bayón, el abogado de Cordal Estudio Jurídico que ha llevado la demanda, manifiesta por su parte que «esta sentencia tiene una gran trascendencia para todas las centrales de biomasa promovidas en Castilla y León».
En su opinión, ha quedado acreditado que Spmacyl y el Ayuntamiento de Ponferrada «de modo imprudente han ejecutado ilegalmente una instalación industrial, pretendiendo aprobarla como si fuera un equipamiento provisional». Lo más grave, apostilla, es que esta central «no podrá entrar en funcionamiento a pesar del enorme gasto de dinero público europeo, que se podía haber evitado si hubieran hecho caso de las reiteradas advertencias formuladas por estas entidades».
De hecho, la Asociación de Vecinos de Compostilla valora presentar una nueva denuncia penal por estos hechos, dado que este “pelotazo de fondos europeos debe ser investigado a fondo y resulta intolerable que hayan levantado media Ponferrada, conociendo perfectamente que era ilegal hacerlo”.
