Compostilla y Aire Limpio exigen a Ramón que acate la sentencia sobre la red de calor
Estudian una posible denuncia penal y piden la dimisión de sus cargos públicos actuales de los concejales que en 2017 aprobaron la licencia ilegal.
La ong Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla han instado este jueves al Ayuntamiento de Ponferrada a «acatar y cumplir en todos sus términos» la sentencia que anula las licencias otorgadas por el anterior equipo de Gobierno para construir una central de calor, «restituyendo la legalidad y devolviendo a los vecinos una parcela pública para equipamiento ciudadano».
«Recurrir la sentencia por parte de la actual corporación sería blanquear la ilegalidad, la falta de transparencia y la prepotencia con que se han comportado en este asunto el señor Suárez-Quiñones y la ex-alcaldesa Gloria Merayo», subrayan ambas organizaciones en un comunicado conjunto en el que recuerdan que la central de calor fue ―»además de una ilegalidad, como luego veremos»― una «cacicada del Partido Popular, promovida desde Valladolid por el consejero Suárez-Quiñones con la complicidad de la alcaldesa Gloria Fernández y su junta de gobierno».
«Conocida la ilegalidad evidente, los vecinos se indignaron y algunos de los actuales miembros del equipo de gobierno, incluido el alcalde, compartieron aquella indignación y protesta. El consejero de Fomento y la alcaldesa se negaron a escuchar, lo que hizo inevitable acudir a los tribunales», explican asimismo BAL y la asociación de Compostilla.
«El proyecto se tramitó deprisa y corriendo, a escondidas, sin transparencia, ocultando el expediente a los demás concejales, al pleno de la corporación, a los vecinos del barrio afectados directamente y a toda la ciudad. De aquella forma de gobernar, estos lodos», apostillan el colectivo vecinal y los ecologistas, insistiendo en que «la idea era descabellada desde el inicio: construir una térmica de biomasa para suministrar energía a edificios públicos obsoletos, sin aislamiento. Es decir: tirar la calefacción y la energía por las rendijas y las ventanas; derrochar dinero público, empezando la casa energética por el tejado, en definitiva, quemar, sin importarles el impacto directo en la salud de los vecinos y vecinas afectadas».
La parcela elegida, calificada en el Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada como “suelo urbanizable delimitado”, solo podía ser usada para equipamiento urbano, en concreto el Plan Parcial Parque de la Juventud y el Museo de los Niños Planetario, aprobado por el pleno el 30 de octubre de 2009, y que sigue sin cumplirse. «Exigimos su inmediata ejecución y desarrollo», indican.
Posible responsabilidad penal y dimisiones
La asociación y la ong acusan a los promotores de la central de calor de haber causado «un destrozo urbanístico y económico». Los cuatro millones de euros gastados en una planta ilegal, apuntan, podrían haberse destinado a otros fines como «sanear y optimizar térmicamente los edificios públicos», invertir en energías renovables, placas solares y sustitución de calderas contaminantes, la redacción de «un verdadero Plan de Ordenación Forestal de Ponferrada», o construir el Parque de la Juventud y Museo de los Niños Planetario, actuaciones todas ellas con las que «se habrían creado puestos de trabajo».
«Por todas estas razones, por su manifiesta ilegalidad, porque no se puede blanquear el modo de gobernar prepotente y a espaldas de la ciudad del equipo de gobierno anterior; porque en lugar de crear trabajo han creado pobreza, porque ni Compostilla ni Ponferrada se merecen este desprecio, exigimos a la Corporación Municipal de Ponferrada que acate pacíficamente la sentencia, paralice las obras y la actividad, y anule de oficio la licencia de primera ocupación del pasado 8 de marzo», concluyen.
Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla consideran que, además de la ilegalidad urbanística, «hay indicios de un presunto delito penal, por el que estudiaremos la posible presentación de las acciones judiciales que correspondan». Asimismo, solicitam la dimisión de sus cargos públicos actuales de todos los miembros de la Junta de Gobierno (integrada entonces por PP y Coalición por El Bierzo) firmantes de la licencia ilegal.
