Las normas de las ayudas a la transición justa dificultan la concurrencia a los ayuntamientos
El PP echa en falta una mayor implicación de las empresas eléctricas en los proyectos dirigidos a la creación de empleo sostenible.
El Grupo Popular de la Diputación ha mostrado hoy su «contrariedad» ante la exigencia del Ministerio para la Transición Ecológica, en su convocatoria de ayudas destinadas a impulsar la actividad económica en los municipios afectados por el cierre de centrales térmicas de carbón, que obliga a los ayuntamientos a formar parte de los proyectos empresariales que se presenten.
Según el portavoz popular, Francisco Castañón, con esta exigencia los pequeños municipios vuelven a ser los más perjudicados. Los municipios con centrales térmicas, que serían los beneficiarios de esta primera convocatoria, son municipios de menos de 5.000 habitantes, cuentan con ayuntamientos con un escaso número de funcionarios y carecen de capacidad humana y/o económica para desarrollar eficientemente estos proyectos de manera conjunta con cualquier empresa privada.
En este sentido, Francisco Castañón, exige la «inmediata corrección» de esta norma por parte del Ministerio de manera que quede claramente diferenciada la acción privada y pública en dicha convocatoria haciendo, por una parte, más atractiva para la empresas la posibilidad de presentar libremente y sin injerencias sus propias iniciativas y, por otro lado, permitiendo a los ayuntamientos utilizar dichas ayudas para la dotación de servicios municipales, liberándolos además de cualquier responsabilidad subsidiaria ante una posible mala gestión de una empresa privada.
Para el portavoz popular, con la publicación de esta convocatoria el pasado 26 de agosto, tampoco se ha tenido en cuenta que es un mes difícil dada la escasa actividad en la administración en agosto, una circunstancia que recorta el ya reducido tiempo de plazo, establecido en un mes, para la presentación de estos proyectos.
Finalmente, los populares de la Diputación echan en falta una mayor implicación de las empresas eléctricas en los proyectos dirigidos a la creación de empleo sostenible y para el impulso de la actividad económica en los municipios afectados por el cierre de centrales de carbón.
