[TRIBUNA] La Consejería de Familia, entre la intolerancia y la falacia

TOMÁS PÉREZ, MIGUEL HOLGUÍN y ALFONSA BONAFONTE | La FeSP UGTCyL disecciona el informe sobre la actuación de la Consejería de Familia durante la pandemia Covid-19 y la primera sorpresa que nos llevamos es que el informe en cuestión, titulado “El Impacto del Covid 19 en las residencias de Personas Mayores de Castilla y León y Medidas Adoptadas” no cuenta con el logo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en su portada, ni con la firma de la titular de la misma, desconocemos si por un deseo de no figurar en lo que a continuación se desarrolla, emulando al romano Poncio Pilatos, o por un deseo de que sean otros los que asuman las consecuencias de esas 191 páginas, o lo que sería aún peor, por un reflejo de la nula participación de la Consejera en el tema del informe: la gestión de la crisis.

El informe grosso modo se compone de cuatro bloques:
1. La importancia del contexto. Representa un 24% del total de las páginas; desgrana lo ocurrido en otros países y en España, achacando la repercusión de la pandemia sobre Castilla y León a la mala gestión a nivel central, así como a que disponemos de muchas plazas residenciales.
2. Que los datos no te permitan ver el bosque. Aproximadamente un 33% de todas las páginas: Una suerte de tesina estadística sobre morbilidad, mortalidad, exceso de mortalidades, coeficientes…
3. El denominado punto Actuaciones ante la pandemia representa un 38% del total del informe, pero que si centramos solo en las actuaciones de la Consejería de Familia se vería reducido a un 23% del total del informe.
4. Final feliz. Resumen de lo desarrollado (a veces con repetición de frases literales) donde esperábamos que, aunque supone solo el 5% del total del trabajo, se asumiera alguna responsabilidad o se mencionara algún fallo: Esperanzas vanas.

Es decir, después de 200 folios no hay ni una medida, ni un plan, ni una situación que por pequeña que fuera, de haberse llevado a cabo de otra manera hubiera dado mejores resultados: LA GESTIÓN HA SIDO PERFECTA.

Entremos en materia:

LOS DATOS. Según el informe, que remite a datos del IMSERSO, a 31 de diciembre de 2019 hay 700 centros residenciales con 48.296 plazas, de las cuales el 90% son de financiación Pública, según sus números, 38667 plazas. ERROR!!!!!! Ya sea por omisión o por interés estos datos son erróneos. Los últimos datos oficiales del IMSERSO están recogidos en un informe a fecha de diciembre de 2018, que habla de 702 centros con 47798 plazas de las cuales tienen financiación publica el 77%. Es decir, MIENTEN en la cifra del 90% y VUELVEN A MENTIR porque las 38667 plazas que reconoce la consejera representan solo el 80% del total de las plazas del sistema que mencionan ellos mismos. Así que, en aras de la transparencia, ¿de dónde salen esos datos? ¿Por qué hablan del 90% de plazas de financiación publica si con sus mismos datos solo representan el 80% concordante con los datos del IMSERSO de 2018? Puntualizar también que con que un dependiente destine sus 50 euros de dependencia a sufragar una plaza residencial, el sistema ya considera que esa plaza engrosa el numero de plazas con financiación pública, algo aberrante a nuestro entender.

Seguimos… Las plazas de titularidad publica representan el 26.1% y las privadas el 73.9% restante (por cierto, el termino privada no aparece hasta la página 62 del informe). Convendría no olvidarse de que de ese 26% de titularidad publica solo el 9% es de gestión pública, estando el resto en manos de empresas como CLECE Y ARALIA que reciben las concesiones de manos de ayuntamientos y diputaciones.

CONCLUSIÓN: El sector residencial de la comunidad esta mayoritariamente en manos privadas, viniendo muy bien a colación en este momento la frase que el Secretario General de la FeSP dijo en la rueda de prensa del 17 de junio para evaluar la gestión de la Junta durante la pandemia: “¿Desde cuándo un derecho lo puede gestionar un fondo de inversión?”, eso es lo que está pasando con los derechos de nuestros mayores en esta comunidad.

Otro dato llamativo. Hay un constante baile en el número de centros, ya que tan pronto se referencian los resultados a los 700 centros residenciales de mayores, como a los 1214 si se consideran conjuntamente con los de personas con discapacidad…. ACLARENSE.

Otra triquiñuela. Según recalca el informe “la titularidad pública o privada no tiene relevancia en las tasas de morbilidad” que muestran como similares (37% publica vs 36% privada). Claro que, si hablamos de tasas de morbilidad entendida como la proporción de personas que padecen una enfermedad sobre una población determinada, ¿a qué viene tabular el % de centros con contagios en esa tasa? El único interés podría ser crear una suerte de maremágnum de conceptos que permita equiparar lo privado con lo público para diluir el peso de aquel en la morbilidad. No lo sabemos….

A 30 de Junio, el 78% de los centros residenciales, de personas mayores y con discapacidad, el 64% si solo consideramos los de personas mayores, permanecen libres de Covid desde el inicio de la pandemia (sin positivos, sin síntomas compatibles, ni fallecidos positivos). ¿Qué ha sucedido en el 22% (o 36%) restante? ¿Qué hicieron “mal”? ¿Quién es el titular de esos centros? No lo sabemos. ¿Por qué el 60% de los contagios se producen en centros de > 100 residentes, que están en manos privadas en proporción de 3 a 1 (17055 plazas privadas vs 5621 públicas)? ¿Por qué si lo público representa el 28.4% del total de centros (199 de 700) aporta solo el 25.5% de los Covid confirmados, mientras que los centros privados con un peso del 71.6% (501 centros) aportan el 74.5% de los Covid, y de este porcentaje la mayor parte, el 65.7% lo hacen los centros de titularidad privada con ánimo de lucro? ¿La suerte? Difícil de creer

Uno de los datos más graves a nuestro entender: en 6 meses, desde el 15 de marzo al 15 de septiembre, solo se han inspeccionado el 71% de los centros residenciales, es decir 200 centros no han recibido la visita de la Inspección, o más, porque el informe indica que algún centro se visito en varias ocasiones. ¿No han tenido tiempo suficiente? ¿Qué centros se han dejado de visitar? ¿Por qué? Se intervienen solo 6 centros, sorprendentemente ninguno de una gran corporación inversora o constructora (como ha sucedido en otras comunidades) y por ello imaginamos que se dan sus nombres sin problema. 10 procedimientos sancionadores, ¿con todo lo que ha caído? Da que pensar.

LA GESTIÓN. Si dejamos al margen los datos, la impresión que da el marco general de nuestro sistema residencial y el control que del mismo tenía la Consejería antes y durante el Covid, es de un total caos, descontrol, dejadez y desregulación, que pone los pelos de punta, por mas que el informe recalque torticeramente (citamos textualmente) “que España no cuenta con un modelo definido de atención residencial y es patente la inexistencia de una orientación general del modelo”…. Suponemos que la Junta del Partido Popular ha tenido tiempo de sobra para definir su modelo en esta SU competencia.

Descontrol decíamos y ponemos 2 ejemplos:
1. La Consejería no tiene ni idea de cuantos residentes hay en el sistema ya que solo registra aquellos que tengan reconocida la dependencia, siendo su otra fuente de información las bajas de tarjetas sanitarias que le proporciona la Consejería de Sanidad: Hasta el 18 de junio la Junta no ha considerado necesario tener un registro de usuarios.
2. Hasta el 18 de junio no se ha hecho obligatorio que los centros residenciales tengan un plan de contingencia: Después nos preguntaremos de que polvos vienen estos lodos.

Dejadez: El 13 de marzo la Consejería de Presidencia publica el marco de actuación general ante el Covid, que recoge la necesidad entre otras cosas de que las Consejerías elaboren sus planes de contingencia. Pues que casualidad que la mayoría de ellas entregan a sus trabajadores los planes entre el 15 y el 16 de marzo , y ¡oh sorpresa! a la Gerencia de Servicios Sociales hubo que reclamársela desde este Sindicato , enviándonosla el día 18 de marzo…. Es decir, hasta 5 días después de decretado el estado de alarma y hasta casi 1 mes después de que ya, desde mediados o finales de febrero, la Consejería de Sanidad estaba llevando a cabo planes de contingencia en los hospitales , la Gerencia de Servicios Sociales no había elaborado ningún documento. DEJADEZ porque hasta el 31 de marzo no hay dato alguno de fallecidos; DEJADEZ porque hasta finales de marzo no se hacen llamadas a los centros para recabar información; dejadez porque hasta el 4 de abril no se recogen las hospitalizaciones, porque hasta el 10 de mayo no aparecen datos de derivaciones(quizás ocultando los datos de las NO derivaciones…no olvidemos el documento de Instrucciones conjuntas del Gerente Regional de SACYL y el de la GSS fechado el 20 de marzo priorizando la atención in situ del mayor afectado y no en centros sanitarios); DEJADEZ porque hasta el 6 de mayo, 2 meses después de declarado el estado de alarma, no hace su primera resolución de compra de material y hasta el 15 de junio(3 meses después de la declaración del estado de alarma) no comienza a autoabastecer a sus centros propios…

Hacemos un inciso en este punto: fuentes de la Consejería de Sanidad, “off the record” por supuesto, no se han cansado de repetir y transmitir la desidia y la nula colaboración que han recibido de la C. de Familia y de la GSS a las que han tenido que abastecer de material, facilitar recursos humanos, etc. De hecho, podríamos hablar casi de una “intervención de facto” de la Consejería de Familia por parte de la de Sanidad, que no se llevó a la oficialidad por lo que supondría políticamente para el bipartito de la Junta, en concreto para el Partido Popular.

Por cierto, fruto de esta dejadez previsora y de su actuación perezosa de gestión de la crisis en el ámbito residencial, está el 15% de trabajadores Covid + sobre el total de trabajadores del sector, porcentaje que sube al 27% si solo consideramos el de los centros con contagios.

TRANSPARENCIA, o dime de lo que presumes. Un ejemplo sencillo que ilustra este apartado: para evitar dar los datos segregados por centros se recurre:
1- A pedir permiso a los propios centros, algo que es ilógico (de hecho, la gran mayoría ni responden a esta solicitud) y que además no viene recogido en ninguna normativa.
2- A los Servicios Jurídicos de la Junta. 3- A la Abogacía del Estado. 4- A la Agencia Española de Protección de Datos. 5- Al Delegado de Protección de Datos de la propia Gerencia de Servicios Sociales!!!!!!!

Es decir, desde el día 15 de abril, que inician el enroque, hasta el 24 septiembre, que emite un escrito el Delegado de Protección de Datos de la PROPIA GSS (casualmente un día después de que emita su Resolución el Comisionado de Transparencia), en una suerte de periplo en la que buscan desesperadamente y a todos los niveles algo o alguien que les permita seguir manteniendo a flote su interesado oscurantismo para terminar en la propia GSS, durante todo este viaje, se niegan a dar una información de “evidente Interés Público” como resuelve el Comisionado de Transparencia.

Ahondando aún más, no persiguen ocultar solo los datos de fallecidos (recordar que existen más resoluciones del Comisionado de Transparencia referentes a la negativa a proporcionar datos sobre quejas y reclamaciones de usuarios y familiares, así como de los expedientes sancionadores abiertos desde 2015) por evitar que se vean las costuras y los rotos de su gestión, no, lo hacen porque no quieren dañar el “buen nombre” y los intereses comerciales y rendimientos económicos de las empresas privadas del sector: un claro ejemplo de lo público a los pies de lo privado.

CONCLUSIONES. Tras un informe tan detallado de la Consejería de Familia, con conclusiones que repiten una y otra vez (incluso literalmente) lo expuesto en sus 191 páginas, no podían llegar a mejor puerto que achacar la catástrofe de lo ocurrido en las residencias a que la culpa es del Covid 19, del Gobierno de España y al hecho de tener tantas plazas residenciales en la Comunidad. Obviamente, con un poco de intención, de compromiso con la rendición de cuentas ante la ciudadanía, de transparencia y autocritica, y de no tapar en falso una herida que sigue sangrando a borbotones, solo con un poco de todo esto se llega rápidamente a una serie de conclusiones:

1- Que este informe no es más que una sucesión de datos, que persigue más desinformar que informar a los castellanos y leonesas sobre la gestión de la Consejería de Familia.
2- Que no hay ni un pequeño atisbo de asunción de responsabilidades ni de reconocimiento de haber hecho nada mal, con lo que…
3- Estamos condenados a sufrir la repetición de los errores de la primera ola. Lógicamente…
4- Nos ratificamos en la petición de cese, a quien corresponda, de la Consejera de Familia y de su equipo directivo de la Gerencia de Servicios Sociales, no solo por la deficiente e ineficaz gestión de la crisis sino por la nulidad del sistema residencial de Castilla y León que instauraron y que defienden.

La Consejera pide transparencia a UGT y este sindicato además de darla plenamente tiene 22 CUESTIONES que hacerle a la Consejera:

1- ¿Cuáles fueron los criterios de los controles de verificación para que se tuvieran que intervenir 6 residencias en Castilla y León?
2- ¿Cómo se está haciendo el seguimiento del control y garantía del cumplimiento de los 42 protocolos que ha diseñado la Administración?
3- ¿Se ha diseñado un sistema de recogida de información? ¿quiénes son los y las responsables y cuáles serán sus obligaciones para hacer el seguimiento coordinado entre los servicios sociales y los centros de salud?
4- ¿Quiénes son los responsables de hacer las valoraciones de las situaciones que están viviendo los centros residenciales y porque no se hacen públicas?
5- En los 828 informes de comprobación y control de los centros había indicadores de seguimiento y evaluación de como se está dando la atención residencial ¿hay diferencia de trato en cuanto la aplicación del modelo ACP?
6- ¿Cuáles son las residencias que han tenido dotación de EPIS por parte de la Administración?
7- ¿Por qué no se han hecho público los informes de las 501 residencia visitadas?

8- Al amparo de la ley de Transparencia ¿se nos puede facilitar información de las residencias de Castilla y león que cuentan con financiación pública?

9- ¿Dónde están localizadas las plazas concertadas y que número de plazas tienen cada residencia?

10- ¿Si más de 42.000 personas dependientes tienen una prestación vinculada que no llega a 50€ mensuales, como se distribuye el resto de prestaciones?

11- Debido a los factores de riesgo de contagio, ¿por qué a las empresas no se les obliga a tener equipos de protección individual suficientes y un plan de continuidad de laactividad por las posibles bajas del personal?

12- ¿La Administración sigue pagando las plazas concertada de los fallecidos?

13- ¿Por qué fue la última Consejería en elaborar el plan de contingencia?

14- ¿Por qué oculta los datos referenciados por Centro?

15- ¿Por qué no existía en CyL un registro de usuarios?

16- ¿Por qué la Consejería de Sanidad tuvo que intervenir de facto su Consejería?

17- ¿Por qué perdió tiempo en actuar, incluso más allá de la declaración del estado de Alarma?

18- ¿Cuál es el % real de plazas de Financiación Pública?

19- ¿Por qué no se han inspeccionado todas las residencias? ¿Qué criterio se ha seguido para llevarlo a cabo?

20- ¿Por qué hasta los primeros días de Abril no se dan datos de fallecidos, y es a raíz de las informaciones periodísticas, cuando empiezan a aparecer?

21-¿Qué entiende usted por transparencia cuando el propio Comisionado de
Transparencia le tiene que leer la cartilla?

22- ¿Por qué no dimite, cuando a día de hoy no queda ni un solo habitante de esta Comunidad que no conozca su pésima gestión?

• Tomás Pérez Urueña, secretario general de la FeSP UGT Castilla y León, Miguel Holguín Boyano, secretario regional de Sanidad, y Alfonsa Bonafonte Calama, secretaria regional de Dependencia e Igualdad.