Condenado a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación el exalcalde de Palacios
Se declara culpable de un delito de prevaricación a Fernando Fernández, que ordenó pagar 8.000 euros por un solar valorado en 500.
El exalcalde de Palacios del Sil, el popular Fernando Fernández Astorgano, se enfrenta a una nueva pena tras haber sido condenado, en 2017, por un delito contra los derechos cívicos. En esta ocasión, el juzgado de lo Penal número 2 de León ha condenado al exregidor del Partido Popular por un delito de prevaricación en concurso ideal con un delito de fraude y exacciones ilegales.
Los hechos se remontan al año 2014, cuando Fernández Astorgano, por aquel entonces alcalde de Palacios del Sil, obligó al Ayuntamiento a pagar 8.000 euros para la adquisición de una parte concreta de una parcela de suelo urbano del núcleo urbano de la localidad y proceder a la urbanización completa de la zona mediante asfaltado y ejecución del Plan General de Ordenación Urbana en la calle el Xirón. Esta actuación se llevó a cabo a través de un decreto aprobado por el alcalde, a pesar de los informes negativos emitidos por la Secretaría Municipal, cuando el Partido Popular gobernaba con cuatro concejales en coalición con Izquierda Unida.
La justicia ha dictaminado que el valor real del terreno adquirido por el Ayuntamiento es de 514,24 euros, suponiendo un sobrecoste para las arcas municipales de 7.485,76 euros, que ya han sido consignados por el acusado. La finca adquirida por el Ayuntamiento era propiedad del sobrino del actual concejal del PP José Losada, según el PSOE.
La agrupación socialista de Palacios del Sil ha recordado al acusado que el PSOE le advirtió de las consecuencias a las que tendría que hacer frente por este tipo de acciones. “Le han utilizado. Fernández Astorgano ha sido quien ha firmado el decreto para pagar la finca, mientras el resto de sus compañeros de partido se beneficiaban de los cambios y de la recaudación ilegal del terreno”, han apuntado desde el Partido Socialista de la localidad, que ha hecho frente a todos los gastos del proceso judicial como acusación particular, aunque el procesado también ha resultado condenado a pagar las costas ocasionadas.
El PSOE ha insistido en que, en el momento de los hechos, el equipo de Gobierno era muy frágil y se mantuvo hasta final del mandato gracias a favores que presuntamente beneficiaron a concejales y familiares, pero a costa del presupuesto municipal. “Roberto Fernández, actual alcalde de Palacios del Sil, fue parte activa de los cambios en el trazado de la calle, en lo que a las normas subsidiarias se refiere. Gracias a las modificaciones que fomentó, su padre habría conseguido cerrar parte de unas fincas, camuflar su alineación real y que le dieran de alta enganches de agua que el Ayuntamiento le había negado por la condición ilegal de la construcción. Utilizó a Astorgano hasta supuestamente obligarle a cometer ilegalidades”, han asegurado.
El PP matiza que «no hay sentencia»
El equipo de Gobierno de Palacios del Sil ha matizado a través de un comunicado que el exregidor Fernando Fernández Astorgano llegó a un acuerdo entre partes en relación a la acusación de prevaricación por la compra de una finca por parte del Ayuntamiento, por lo que «no existe» la sentencia a la que se refiere el grupo municipal del PSOE.
Además, acusan a los socialistas de «mentir» al implicar en el caso a familiares del actual equipo de Gobierno, ya que, recuerdan, el actual teniente de alcalde no ocupaba ningún cargo municipal en 2014 y los intentos por imputar al actual alcalde respecto al enganche del agua y el cierre de la finca de un familiar fueron denegados por la Justicia.
En este sentido, aseguran que «los procesos judiciales iniciados y perdidos por los concejales socialistas contra el equipo de Gobierno han supuesto 25.000 euros a las arcas municipales en los últimos años». Por último, el gobierno municipal de Palacios aconsejan a «los actuales concejales del PSOE y, especialmente, a algunos exconcejales» que «deberían preocuparse más por cumplir las sentencias judiciales que les obligan a demoler y reducir volumetría de determinados elementos en sus propiedades y enturbiar menos la vida cotidiana de nuestro municipio».
