Confirmada la sentencia que obliga a dotar de personal de confianza a la oposición de Ponferrada
Ciudadanos y USE Bierzo exigen la dimisión del alcalde, el socialista Olegario Ramón, por «vulnerar derechos fundamentales».
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia que condena al Ayuntamiento de Ponferrada por vulnerar “los derechos fundamentales contemplados en los artículo 23 y 14 de la Constitución, relativos a la participación en los asuntos públicos y el acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad”.
El auto emitido por la Sala declara firme la sentencia anterior del TSJ al desestimar el recurso de revisión presentado por la defensa jurídica del Ayuntamiento, que queriendo recurrir en casación ante el Tribunal Supremo presentó fuera de plazo el preceptivo escrito de preparación. Un grave error formal que en fuentes municipales atribuyen a la situación en la que quedaron los servicios jurídicos municipales tras la jubilación del asesor, cuya plaza está todavía sin cubrir.
La interpretación de los grupos USE y Ciudadanos, que han difundido un comunicado conjunto, es que «Olegario Ramón es desde el día de hoy el primer alcalde de Ponferrada que en el periodo democrático es condenado en firme por violación de los derechos fundamentales de los concejales de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital del Bierzo».
Por ello, ambas formaciones estiman que Ramón «debe presentar de inmediato la dimisión de su cargo como alcalde de Ponferrada» y hacen un llamamiento al Partido Socialista Obrero Español para que «actúe estatutariamente y éticamente de modo que un cargo público condenado asuma su responsabilidad».
Además, Ciudadanos y USE Bierzo –el PP todavía no se ha pronunciado– exigen la inmediata ejecución de la sentencia, «después de 17 meses esperando a que se haga justicia y a que el alcalde de Ponferrada cumpla con su obligación». También advierten al equipo de Gobierno para que «abandone la utilización de tácticas dilatorias o de otra naturaleza que nos obliguen a exigir otro tipo de responsabilidades jurídicas».
