El Supremo concede 10 días a la Junta para justificar el adelanto del toque de queda
El Gobierno pone como condición para acceder al cambio que promueven diez autonomías que también lo apoye el PP.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha abierto hoy una pieza separada para tramitar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para suspender el acuerdo de la Junta de Castilla y León que adelanta a las 20 horas el inicio del toque de queda, como medida de prevención contra la propagación de la covid.
En una providencia, la Sala da un plazo de 10 dias a la Junta de Castilla y León, como autora del acuerdo recurrido, para que plantee alegaciones contra la medida cautelar de suspensión solicitada. Tras recibir las alegaciones, el tribunal decidirá lo procedente sobre la medida cautelar. El magistrado ponente del recurso es Rafael Toledano.
El Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, cuya suspensión insta el Gobierno, fijó a las 20 horas como hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno dentro de las medidas para frenar la propagación de la covid. El Gobierno ha pedido que quede en suspenso cuatelarmente mientras se tramita el recurso que han planteado contra dicho acuerdo.
Sin embargo, la política podría dejar sin efecto la vía judicial mañana mismo y la Junta ya no tendría niobios que preparar sus alegaciones. El Gobierno se abre a adelantar el toque de queda antes de la horquilla permitida en el decreto del estado de alarma —entre las 22.00 y las 0.00—, ante el goteo de comunidades, ya no solo del PP, que lo reclaman alarmadas por el aumento de los contagios y el temor al colapso sanitario.
La decisión se tomará este miércoles, cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la de Política Territorial, Carolina Darias, máximos responsables de la gestión de la crisis, escuchen la posición oficial de todas las comunidades sobre este asunto en el Consejo Interterritorial de Salud.
El Ejecutivo ha decidido abrirse a esta posibilidad con una condición muy clara: que haya consenso y garantías por parte del PP de que apoyará en el Congreso la modificación del decreto del estado de alarma, que los técnicos ven imprescindible al tratarse de una limitación de derechos fundamentales.
