Los hijos de Martínez Núñez, a juicio por insolvencia punible y blanqueo de capitales
Los 14 acusados en la vista del caso denominado Caballo de Troya se enfrentan a penas de entre 4 y 12 años de prisión.
El sombrío panorama judicial de José Luis Martínez Parra –procesado en varias causas de la trama Gürtel– se complica y, en esta ocasión, arrastra también a su hermana Maribel. Ambos se sentarán a partir de mañana en el banquillo de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago acusados de los presuntos delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales.
La operación Caballo de Troya, que se desencadenó tras la venta del Gran Hotel de Santiago por el precio simbólico de dos euros, culmina con el juicio oral a 14 acusados, para los que la Fiscalía de A Coruña pide entre cuatro y 12 años de cárcel, según informa el diario El País. Además de los dos hijos de José Martínez Núñez, también fue implicado en esta operación un hijo del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) José María Cuevas.
La investigación que se desarrolló de forma conjunta con la Agencia Tributaria y el equipo de delitos económicos de la Policía Nacional se saldó con casi medio millón de euros incautados, el bloqueo de 400 inmuebles y casi un centenar de vehículos relacionados con los investigados. A raíz de la venta del hotel santiagués se desató una redada con ramificaciones en A Coruña, Madrid, Valencia y Ponferrada, donde fueron registradas las oficinas del grupo en la plaza Julio Lazúrtegui. El juicio por este entramado llega al tribunal casi ocho años después de producirse las detenciones en febrero de 2013.
La venta del hotel propiedad del grupo Martínez Núñez en Santiago de Compostela, por el simbólico precio de 2 euros, fue la alerta que desencadenó las investigaciones policiales sobre las actividades de «un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos», explica Interior. Las sociedades mercantiles se adquirían sin realizar desembolso o contraprestación alguna o siendo esta mínima, aparentemente con el objetivo de establecer un plan de viabilidad que permitiera reconducir su situación financiera.
Según el informe del Ministerio Público, todo parte de un conjunto empresarial en manos de los dos hijos de Martínez Núñez que estaba formado por sociedades mercantiles dedicadas a las inversiones del grupo, a la construcción, fabricación de cemento, sector de transportes y a la gestión hotelera, entre otras actividades. Ante la previsión de una mala situación financiera, ambos acometieron actividades “tendentes a ocultar su participación formal” en el mismo conjunto, pero “manteniendo el control material” y “en perjuicio” de los acreedores, relata la fiscalía en su escrito de acusación.
Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa. De este modo evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores.
Así, se comprobó que los nuevos administradores, en connivencia con los que ya habían cesado, adoptaban decisiones tendentes a evitar las responsabilidades económicas mediante la descapitalización de activos de las mercantiles investigadas. “El entramado societario artificiosamente empleado tenía por finalidad desarrollar movimientos financieros que se dirigían primero a la ocultación de los bienes reales obtenidos de las actividades criminales para después reintegrar el capital oculto a los acreedores legítimos libres de deudas”, detalla el fiscal.
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