El Supremo tumba el último recurso contra la sentencia del personal de confianza
El Ayuntamiento de Ponferrada, obligado a ejecutar la sentencia del TSJ que reconoce el derecho de los grupos de la oposición.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ponferrada conoció en su reunión del pasado 11 de febrero la resolución de fecha 29 de enero de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el recurso de queja interpuesto por el equipo de Gobierno contra la sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que le obligaba a dotar de personal de confianza a los grupos de la oposición.
Transcurrida una semana sin que el tripartito haya informado acerca del contenido del auto emitido por el alto tribunal (del que ha sido ponente el magistrado Ángel Ramón Arozamena), BierzoDiario ha podido confirmar que el recurso de queja ha sido inadmitido. Por tanto, el Ayuntamiento deberá cumplir la sentencia que el alcalde, Olegario Ramón, ya se había comprometido en su momento a aplicar «en tiempo y forma». Sin embargo, eligió la vía de sucesivos recursos para ir retrasando la decisión. Unas apelaciones que en unos casos fueron desestimadas y en otros, caso del fallido recurso de casación, se presentaron fuera de plazo.
La sentencia, contra la que ya no caben más recursos y que ahora deberá ejecutar el juzgado que vio en primera instancia el asunto, fue confirmada en noviembre del pasado año por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). El fallo condena al Ayuntamiento de Ponferrada por vulnerar “los derechos fundamentales contemplados en los artículo 23 y 14 de la Constitución, relativos a la participación en los asuntos públicos y el acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad”.
El auto emitido por la Sala declaró firme la sentencia anterior del TSJ, que revocó la decisión en primera instancia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León y desestimó el recurso de revisión presentado por la defensa jurídica del Ayuntamiento, que queriendo recurrir en casación ante el Tribunal Supremo presentó fuera de plazo el preceptivo escrito de preparación.
Los grupos de la oposición exigieron entonces la inmediata ejecución de la sentencia sin «tácticas dilatorias o de otra naturaleza que nos obliguen a exigir otro tipo de responsabilidades jurídicas» y la dimisión «del primer alcalde de que en el periodo democrático es condenado en firme por violación de los derechos fundamentales de los concejales de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital del Bierzo».
En la práctica, la sentencia supone que PP, Ciudadanos, USE Bierzo y PRB podrán disponer de una persona de su confianza al servicio de sus respectivos grupos políticos, con cargo al Ayuntamiento, como tienen ahora los partidos que conforman el equipo de Gobierno.
