Ciudadanos cuestiona la legalidad de los puestos de «comisarios políticos» del tripartito
Ruth Morales presenta alegaciones a los presupuestos del Ayuntamiento contra una medida que costaría 350.000 euros a las arcas municipales.
Ciudadanos ha presentado alegaciones a los presupuestos de Ponferrada, aprobados el pasado 22 de febrero, al considerar que la creación de cuatro puestos de trabajo no se ajusta a la legalidad. La portavoz municipal de la formación naranja, Ruth Morales, ha entregado esta mañana en el registro municipal un escrito que recoge tres reclamaciones a las cuentas municipales, en el que muestra su rechazo a la creación de tres nuevas plazas de coordinadores y una de técnico en la plantilla para el 2021, que conllevarán «un coste, a las arcas municipales, superior a los 350.000 euros».
Morales ha asegurado «no estar de acuerdo con la libre designación de cuatro personas que pasarán a desempeñar cargos de coordinación», ya que considera que se trata «de comisarios políticos». Algo que el alcalde, el socialista Olegario Ramón, «intentó tapar», durante la sesión plenaria, «sacando a pasear el famoso cuaderno azul».
También ha recordado que el propio comité de empresa mostró sus reticencias a este tipo de contrataciones, y, por lo tanto, pide que se supriman las mencionadas cuatro plazas de libre designación por entender que «su creación no se ajusta a la legalidad vigente, por cuanto vulnera lo dispuesto en la normativa legal de ámbito funcionarial, y comporta un gasto totalmente innecesario en la estructura orgánica municipal».
Asimismo, la edil cuestiona «la existencia de crédito suficiente» para reducir la brecha salarial en la plantilla de personal, una discriminación que sufren especialmente las mujeres, que componen «casi en su totalidad» el colectivo de funcionarias y trabajadoras de los servicios sociales.
«24 mujeres que ocupan, entre otros, puestos de asistentes, trabajadoras sociales, educadoras familiares, animadoras sociocomunitarias o ludotecarias, y que están percibiendo retribuciones más bajas, entre un 15 y un 52% inferiores, a las de otros funcionarios y trabajadores del mismo grupo del propio Ayuntamiento, cuyos puestos están cubiertos mayoritariamente por hombres».
La portavoz municipal de Cs ha cuestionado «la legalidad» del presupuesto destinado a las funciones asumidas por el Ayuntamiento de Ponferrada en materia de formación y empleo, tras la disolución del Instituto Municipal de Formación y Empleo, «sin que desde el gobierno de Olegario Ramón se hayan seguido los trámites exigidos por la legislación en materia de régimen administrativo y económico local».
