El número dos de Gürtel confiesa los sobornos de Ulibarri y Martínez Parra
Pablo Crespo ha admitido que medió por adjudicaciones públicas en Boadilla del Monte a cambio de 593.000 euros.
El exdirigente del PP gallego Pablo Crespo, que cumple condena por varias ramas del caso Gürtel, ha remitido dos escritos a la Audiencia Nacional donde reconoce los hechos por los que le acusa la fiscalía y acepta ser condenado a 13 años de cárcel con la aplicación de las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas en la pena, según ha informado la agencia Efe.
La fiscalía pide para él 64 años y 7 meses de prisión, la segunda pena más alta, por detrás de Correa (76 años y 7 meses), en la pieza de Boadilla del Monte donde también están acusados los empresarios José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra, para los que el ministerio público solicita 7 y 9 años de prisión, respectivamente, y José Ramón Blanco Balín, al que se pide una condena de 11 años.
En su escrito, Crespo admite que recibió 593.000 euros por participar en la intermediación de adjudicaciones públicas a favor de empresas como Teconsa, Constructora Hispánica y UFC –esta última del grupo Begar, propiedad de Ulibarri– y reconoce que, junto con Correa, se concertaron con el entonces alcalde, el exdiputado del PP Alfonso Bosch y el exjefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales, también acusados, para la concesión pública de unos terrenos.
Por su participación en la intermediación de obras a Teconsa, Crespo reconoce haber recibido 288.000 euros a través de otra empresa «mediante facturas por servicios no prestados», y admite que retiró un millón de euros en efectivo de la sede de la sociedad y que Isabel Jordán ordenó pagar gastos del PP en Boadilla de la campaña electoral del 2007 con los fondos que recibió la mercantil Easy Concept.
El acusado, que subraya que su intención de colaborar no está sujeta a «condicionamientos de ningún tipo» y quien aceptó la repatriación del dinero que tenía en Suiza para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias del caso Gürtel, reconoce haber emitido facturas «por orden» de Correa «a sabiendas de que los servicios no eran reales y que el cobro de esas cantidades ocultaba una entrega de fondos» de empresas por adjudicaciones en las que había mediado el líder de Gürtel.
