Bierzo Aire Limpio pide la dimisión de Quiñones tras la segunda sentencia contra la red de calor
La asociación de vecinos de Compostilla reclama al Ayuntamiento de Ponferrada que no recurra la decisión del TSJ.
Bierzo Aire Limpio ha solicitado expresamente la dimisión del consejero de Fomento yt Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Súarez Suárez-Quiñones —al que considera «principal impulsor del proyecto»— y la exigencia de las responsabilidadees políticas y económicas correspondientes tras conocerse este jueves que El TSJ confirma la anulación de las licencias para la red de calor de Ponferrada.
Los vecinos celebran esta victoria, después de cuatro años de lucha desigual contra el Ayuntamiento de Ponferrada y contra la empresa pública SOMACyL, pues obtienen una segunda sentencia que avala sus denuncias respecto a la planta de biomasa que seguirá sin entrar en funcionamiento, a pesar de estar «indebidamente» construida. .“Dijimos desde el principio que la red de calor se estaba haciendo mal, que se atropellaron los derechos vecinales por la prepotencia de la entonces alcaldesa y del consejero de Fomento, Suárez-Quiñones; y la Justicia nos da la razón”, afirman fuentes vecinales
Esta sentencia ratifica la anulación de los permisos concedidos a la instalació, dejándola en la total ilegalidad y confirmando la decisión impuesta originalmente por el Juzgado de lo Comtencioso, que ordenó al Ayuntamiento de Ponferrada “llevar a cabo la paralización de la construcción y cese de la actividad que, en su caso, se estuviera desarrollando”.
Víctor A. Bayón y Gracia F. Caballero, los abogados que han llevado este procedimiento judicial, manifiestan que “aunque el TSJ se base en unos motivos diferentes de los recogidos en la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo, lo importante es que los permisos de dicha instalación han sido anulados y que se declaran ilegales cinco acuerdos municipales”.
Contra esta sentencia que da la razón a la Asociación de Vecinos de Compostilla y a Bierzo Aire Limpio cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, reivindicando ambas entidades que el Ayuntamiento —la corporación actual— asuma las ilegalidades en las que se incurrió, y se adapte a la legalidad, adelantando que presentarán alegaciones a la anunciada ordenanza que pretende regular las centrales de biomasa en el municipio.
Las asociaciones anuncian también que comunicarán esta sentencia al Banco Europeo —que había concedido un aval a SOMACyL, igualmente cuestionado— para que no se financie con dinero público la construcción de esta central térmica de biomasa que se pretendía costear a cargo de préstamos comunitarios, a través del denominado “Project Castilla y León Cimate Change”.
