Transición Justa prevé crear al menos 250 empleos en la restauración de minas
A los 150 millones de euros contemplados en el Plan de Recuperación se suman 21,9 en ayudas a las empresas que restauren.
La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027 se ha reunido hoy para realizar un seguimiento del avance de los compromisos contemplados en el Acuerdo Marco. La reunión ha contado con la participación de Laura Martín, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO de Industria), Unión General de los Trabajadores (UGT-FICA) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounión).
En aplicación del Acuerdo Marco de Minería, los trabajadores de las minas de carbón que cesaron su actividad en diciembre de 2018, en cumplimiento de la normativa europea y los compromisos de descarbonización asumidos por España, han recibido ayudas para su prejubilación o bajas incentivadas y “contador a cero” de las prestaciones por desempleo que generalizaba la percepción de esta ayuda al máximo legal, establecido en 24 meses.
Para su reinserción laboral, los excedentes de la minería contarán con el apoyo de una empresa especializada, que les ayudará a diseñar itinerarios personalizados a través de la formación y seguimiento en la búsqueda de empleo. Asimismo, los trabajadores inscritos en la bolsa de empleo creada por el ITJ tendrán acceso prioritario a los empleos que se generen en las tareas de restauración incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Con ellas se pueden crear entre 250 y 300 puestos de trabajo con una duración de entre 36 y 48 meses, solo en los proyectos que se presenten este año.
Además, en las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo y pequeños proyectos de inversión publicadas el pasado 22 de abril, el ITJ ha primado expresamente a aquellas iniciativas que contemplaran en su plan de negocio la contratación de personas inscritas en su bolsa de empleo.
La tramitación de ayudas en prejubilaciones y bajas indemnizadas está prácticamente completada. Solo queda pendiente la resolución de algunos expedientes, a la espera de recibir documentación adicional. Este régimen especial de ayudas a los trabajadores directos incluía el reconocimiento de la prestación de desempleo conocida como “contador a cero”, que ha garantizado la percepción de la ayuda por el periodo máximo legal de 24 meses, independientemente de la situación individual previa. Hasta el día 21 de junio se han prejubilado 319 trabajadores y 157 han recibido una baja incentivada.
En cumplimiento de los compromisos adquiridos con los trabajadores excedentes de la minería del carbón –tanto directos como pertenecientes a las subcontratas– el ITJ ha puesto en marcha un servicio de orientación, formación e integración laboral personalizado. A través de una empresa especializada, apoyará a los trabajadores inscritos en la bolsa de empleo creada a tal efecto por el ITJ para definir su perfil profesional y reorientar sus intereses con formación que mejore su empleabilidad.
El servicio se ha iniciado con la toma de contacto individualizada y la programación de reuniones presenciales en las zonas donde se localizan geográficamente los cierres de minas. Así ha sucedido el 29 de junio en Cangas de Narcea (Principado de Asturias) y en Villablino (León), donde hay dos convocatorias previstas para hoy 30 de junio. A estos encuentros presenciales se sumarán reuniones telemáticas que garantizarán el alcance a todo el colectivo de trabajadores.
150 millones para la restuaración de explotaciones
Parte de las oportunidades laborales de los trabajadores inscritos en la Bolsa de Empleo de ITJ van a surgir de la puesta en marcha del Plan de Restauración, que está incluido en la componente 10 de Transición Justa del PRTR con un presupuesto de 150 millones de euros. Estas ayudas, aprobadas por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto el pasado 18 de mayo, son las primeras en activarse de la política palanca “Transición Energética Justa e Inclusiva” del PRTR.
Las subvenciones permitirán financiar la restauración de explotaciones, de las que las Comunidades Autónomas son responsables subsidiarias, después de que las empresas mineras cesaran su actividad en diciembre de 2018 sin llevar a cabo sus compromisos ambientales, ni poder canalizar subvenciones por hallarse en situación concursal o liquidación.
El ITJ ha trabajado durante los ejercicios 2020 y 2021 en un inventario de explotaciones y el análisis de proyectos previos financiables, para ayudar a las Comunidades Autónomas a cumplir sus obligaciones y acelerar la creación de empleo en las zonas afectadas por los cierres. Este año se espera el inicio de, al menos, cinco proyectos de restauración; la creación de empleo se estima entre 250 y 300 puestos, con una duración de 36 a 48 meses.
El pasado mes de mayo, Laura Martín realizó una visita técnica a explotaciones mineras del Principado de Asturias y León para conocer de primera mano las posibilidades de actividad y generación de empleo que ofrece la recuperación de las zonas degradadas por la actividad minera y agilizar la toma de decisiones.
La aplicación del citado Real Decreto de 18 de mayo busca la ejecución de restauraciones modélicas que, además de la descontaminación de terrenos, cauces y masas de agua, y la reparación del paisaje, recuperen el equilibrio de los ecosistemas y los recursos naturales de las zonas degradas, a la par que preparen el suelo para nuevos usos vinculados a oportunidades económicas en el territorio.
Adicionalmente, y con objeto de mantener empleo en minería, el ITJ ha concedido ayudas en 2019 y 2020. Así, publicó el pasado mes de abril la resolución de adjudicación de ayudas de seis millones de euros destinadas a cubrir los costes del cierre de unidades de producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España. Las ayudas estaban dirigidas a financiar las obras de clausura de las minas La Escondida (Caboalles de Abajo, León) con 2.070.066,67 euros y de la explotación a cielo abierto Mi Viña (Cañizar del Olivar y Estercuel), que recibió 3.929.933,33 euros.
