La defensa de Ulibarri admite que “procede imponer las siguientes penas”, a saber: cuatro meses de prisión y 40.000 euros de multa por el delito contra la Hacienda Pública; inhabilitación especial para un cargo público de tres años por prevaricación; seis meses de prisión e inhabilitación de 30 meses por fraude; tres meses de prisión por tráfico de influencias; y otros seis meses de cárcel y cuatro de multa a razón de 10 euros al día. La suma total de las penas propuestas por la defensa asciende a 19 meses, por lo que evitaría su ingreso en prisión.
Según el juez, la empresa de Ulibarri, UFC S.A. consiguió la adjudicación de dicha parcela por una cuantía de 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron. La fiscalía pedía para Ulibarri una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Por fraude a las Administraciones solicitaba las penas de 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por tráfico de influencias, 11 meses. Por el delito contra la Hacienda Pública, 2 años y 2 meses de prisión y 320.000 euros de multa. Por delito continuado de falsedad en documento mercantil, 2 años de prisión y 11 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros.
La Audiencia Nacional ha señalado la fecha del juicio de la pieza separada de Boadilla, dentro del caso Gürtel, que se desarrollará a lo largo de siete meses y 54 sesiones, desde el 22 de septiembre de 2021 hasta el 24 de febrero de 2022, 27 acusados responderán ante la Justicia, según la resolución fechada el pasado 15 de junio.
En la pieza de Boadilla se han investigado los sobornos que las empresas de Correa entregaron a autoridades y a funcionarios del municipio madrileño entre los años 2001 y 2009 para obtener licitaciones. Según apuntó el juez De la Mata en uno de sus autos, la trama «llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública» de Boadilla del Monte, un feudo histórico del PP de Madrid.
La confesión de José Luis Martínez Parra
El señalamiento de este juicio preocupaba a Ulibarri, como se deduce de las escuchas autorizadas por el juez en la Operación Enredadera, una red que presuntamente amañaba concursos públicos y que lideraba este empresario. En una de las conversaciones captadas por la UDEF y transcritas en un informe, el empresario pedía a su letrado, hablar con alguien «de arriba» para que los fiscales de la pieza de Boadilla recibiesen «directrices». De lo contrario, afirmaba, estarían «perdidos».
Con Ulibarri, investigado también las tramas Púnica y Enredadera, así como en otra pieza de Gürtel, compartirán banquillo durante esos meses otros dos bercianos habituales en el banquillo de este caso, José Luis Martínez Parra (Teconsa) y José Ramón Blanco Balín, considerado el cerebro financiero de la trama dirigida por Francisco Correa.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 9 años de prisión para Martínez Parra y de 11 para Blanco Balín. Según el sumario, Teconsa fue una de las empresas más beneficiadas por los contratos investigados por Anticorrupción y también una de las que más comisiones habrían pagado a la trama para obtener adjudicaciones, hasta un total de cinco.
José Luis Martínez Parra ya remitió un escrito el pasado mes de abril a la Audiencia Nacional admitiendo que, dadas las “magníficas relaciones” del grupo de Francisco Correa con distintas administraciones “gobernadas por el PP”, le encargó “la gestión para la adjudicación de obras públicas a su favor”. Y lo hizo «sabedor del coste que conllevaba la citada gestión para pago de los favores que se le iban a conceder». Por ese encargo, relata el texto, Teconsa abonó 1.800.000 euros: 1.380.000 los entregó en efectivo y 420.000 en facturas falsas emitidas por Cresva, una sociedad del lugarteniente de Correa, Pablo Crespo.
En su escrito, Martínez Parra detalla las obras que a partir de 2002 obtuvo en Boadilla tras el “encargo” a Correa: una piscina municipal, un colegio, 96 viviendas y la redacción de dos proyectos también para viviendas. A tenor de sus datos, el daño para las arcas municipales fue enorme: el precio de las 96 viviendas «excedió en 2.867.546 euros sobre el previsto». El empresario berciano asegura ignorar cómo se repartieron el dinero los destinatarios del soborno, cuya existencia ya había desvelado la UDEF. El reparto, según el análisis policial, se habría realizado entre varias personas identificadas en la agenda de Pablo Crespo por las iniciales de sus nombres y apellidos, o bien por los apodos con que eran conocidos.
