La sombra de Ulibarri planea sobre la agencia contra la corrupción de la Junta
Igea presume de no haber estado nunca «en la lista de la compra de voluntades políticas» del empresario imputado en varias causas.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este jueves que se alegra de no haber estado nunca «en la lista de la compra de voluntades políticas» del constructor y empresario de medios de comunicación José Luis Ulibarri, y ha advertido de que la Junta no contratará con empresas participadas por condenados por corrupción.
Igea ha realizado este comentario después de informar de que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves un proyecto de ley para la creación de una agencia de lucha contra la corrupción que recoge medidas de protección para toda aquella persona que denuncie estas prácticas y que incluso podrán guardar su anonimato. Al vicepresidente le parecía incluso que este era un buen día para anunciar este proyecto, justo después de conocerse la confesión de Ulibarri en una pieza del caso Gürtel. Y es que, enfatizó, «todas esas cosas» serán «parte del pasado» a partir de ahora.
Las relaciones del empresario nacido en Burgos que comenzó su carrera en el Bierzo con la Junta de Castilla y León, tanto en su faceta de constructor como de magnate de los medios de comunicación, siempre han sido fluidas. La Comunidad abona cada año una subvención directa por importe de 20 millones de euros a Radio Televisión de Castilla y León, propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo y de la familia Ulibarri.
Pero quizá el caso que alcanzó mayor notoriedad en los medios de comunicación nacionales fuese el que figura en el sumario de la operación Enredadera, en la que se investiga el amaño de concursos públicos en toda España. Las grabaciones de la UDEF pusieron en evidencia sus estrechas relaciones con políticos de Castilla y León, así como las presiones que ejercía sobre ellos. Una de las conversaciones intervenidas en la investigación muestra el compadreo con el empresario del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ofrece a Ulibarri que se quede con una obra que inicialmente había sido ofrecida a otra empresa:
«Venir (sic) a ver si os interesa, venid aquí a carreteras […] y veis si os interesa, y si os interesa, pues hacemos el traslado de la obra, macho, y adelante…», señala el consejero, que en un momento de la distendida charla telefónica presume de que «yo soy la Administración». Aunque la Policía señala en su informe que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de revelación de secretos y prevaricación, Suárez-Quiñones –ahora socio de gobierno de Igea en la Junta– nunca fue investigado en la causa.
Ulibarri ha confesado la comisión de cinco delitos en la pieza separada del caso Gürtel de Boadilla del Monte y se muestra conforme a ser condenado a 19 meses de prisión por su actuación en la trama. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel. Además, está implicado en otros procedimientos judiciales como Enredadera o Púnica.
