El bipartito de Cacabelos lleva a pleno la rescisión del polémico contrato de alumbrado
En la sesión se debatirá destinar los remanentes a obras en el colegio de Quilós y de climatización en la biblioteca municipal.
El pleno del Ayuntamiento de Cacabelos debatirá este martes la propuesta de mutuo acuerdo entre el consistorio y la empresa suministradora para resolver el contrato administrativo del alumbrado público del municipio, formalizado en 2015 con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cúa, integrada por FCC y Ecolux Servicios Energéticos. El acuerdo obliga al Ayuntamiento a desembolsar un total de 771.507 euros, de los cuales el equipo de Gobierno prevé abonar 200.000 euros en este mismo ejercicio, tras aprobar en un próximo pleno una modificación presupuestaria. El resto del pago se levaría a cabo en 30 cuotas mensuales de un valor aproximado de 19.000 euros. Con estas cantidades, el coonsistorio asume el pago de las facturas pendientes, la inversión realizada por la empresa y los intereses de demora.
Formalizado durante la etapa de gobierno del PP, con Adolfo Canedo en la alcaldía, el contrato tenía una vigencia de 12 años y establecía unos costes de 210.000 euros al año para el Ayuntamiento. En ese sentido, el portavoz de IU en la villa del Cúa, Gonzalo García, valoró que el actual acuerdo “supone el ahorro de 1,8 millones de euros para el Ayuntamiento”. “De una vez por todas, si el pleno lo aprueba, se quitará de encima un contrato que ha supuesto muchos problemas económicos, judiciales y extrajudiciales desde su firma en 2014”, apuntó García, que lamentó que este “contrato millonario” haya supuesto “una autentica losa para las arcas municipales”.
En febrero del año pasado, una sentencia del Juzgado Contencioso administrativo número 3 de León obligó al anterior equipo de Gobierno a dar marcha atrás en el proceso de anulación del contrato del alumbrado público, a restituir el servicio a la concesionaria y a abonar las facturas pendientes desde marzo de 2016, más los intereses. El auto apreció la existencia de un incumplimiento del contrato administrativo, después de que los responsables municipales intentasen anularlo por considerarlo “lesivo para los intereses económicos del Ayuntamiento”. En el mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia y condenó al consistorio a pagar 600.000 euros por el incumplimiento.
Por otro lado, la sesión debatirá dos modificaciones presupuestarias a cuenta del remanente de tesorería del ejercicio de 2020. Este dinero se destinará a diversas obras solicitadas por la comunidad educativa del colegio público de la localidad de Quilós, así como a actuaciones de climatización en la biblioteca municipal. El pleno ordinario se celebrará mañana a las 20.15 horas en primera convocatoria.
