Ulibarri intenta evitar la cárcel en el juicio por la Gürtel de Boadilla
La Audiencia Nacional juzga a partir de la próxima semana una de las piezas principales de la trama, con una cascada de arrepentidos.
Noviembre está señalado en la agenda de los 27 procesados y 13 personas jurídicas imputadas como el mes del inicio de la vista oral de la pieza separada del caso Gürtel de Boadilla del Monte, una de las principales de la trama de corrupción por la que ya han sido condenadas 69 personas. Algunos volverán a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional, que iniciará el miércoles 10 de noviembre un juicio que durará varios meses.
En la pieza de Boadilla se han investigado los sobornos que las empresas de Correa supuestamente entregaron a autoridades y a funcionarios del municipio madrileño entre los años 2001 y 2009 para obtener licitaciones. Según apuntó el juez De la Mata en uno de sus autos, la trama «llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública» de Boadilla del Monte, un feudo histórico del PP de Madrid.
Entre los acusados está el constructor y magnate de medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri, para el que la Fiscalía pide para él 7 años y 1 mes de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Con Ulibarri, investigado también las tramas Púnica y Enredadera, así como en otra pieza de Gürtel, compartirán banquillo durante esos meses otros dos bercianos habituales en el banquillo de este caso, José Luis Martínez Parra –vicepresidente de Teconsa, ya condenado en otras causas y actualmente en prisión– y José Ramón Blanco Balín, considerado el cerebro financiero de la trama dirigida por Francisco Correa. Para ellos se solicitan penas de 9 y 11 años de prisión, respectivamente.
Una cascada de arrepentidos
La proximidad del juicio por esta línea de investigación de Gürtel ha motivado una cascada de confesiones. José Luis Ulibarri fue de los últimos en sumarse al propio Francisco Correa, que redactó un escrito en el que reconocía los hechos; al vicepresidente de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, quien admitió que el líder de la trama medió para conseguirle adjudicaciones en administraciones del PP; a Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y número dos de Correa; y a Alfonso Bosch Tejedor, exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid al que nombraron gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla. El PP también se sentará en el banquillo en el juicio como persona jurídica, acusado como partícipe a título lucrativo.
En concreto, el propietario del Diario de León admite un delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IVA del ejercicio del 2006 de la sociedad UFC S.A.; prevaricación por la adjudicación a UFC S.A. de la parcela 1ª de la manzana M-7 sita en la UR-12 del polígono B; fraude a la Administración Pública; tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. La defensa de Ulibarri señala que “procede imponer las siguientes penas”, a saber: cuatro meses de prisión y 40.000 euros de multa por el delito contra la Hacienda Pública; inhabilitación especial para un cargo público de tres años por prevaricación; seis meses de prisión e inhabilitación de 30 meses por fraude; tres meses de prisión por tráfico de influencias; y otros seis meses de cárcel y cuatro de multa a razón de 10 euros al día. La suma total de las penas propuestas por la defensa asciende a 19 meses, por lo que evitaría su ingreso en prisión.
Por su parte, José Luis Martínez Parra remitió un escrito a la Audiencia Nacional admitiendo que, dadas las “magníficas relaciones” del grupo de Francisco Correa con distintas administraciones “gobernadas por el PP”, le encargó “la gestión para la adjudicación de obras públicas a su favor”. Por ese encargo, relata el texto, Teconsa abonó 1.800.000 euros: 1.380.000 los entregó en efectivo y 420.000 en facturas falsas emitidas por Cresva, una sociedad del lugarteniente de Correa, Pablo Crespo. En su escrito, Martínez Parra detalla las obras que a partir de 2002 obtuvo en Boadilla tras el “encargo” a Correa: una piscina municipal, un colegio, 96 viviendas y la redacción de dos proyectos también para viviendas. A tenor de sus datos, el daño para las arcas municipales fue enorme: el precio de las 96 viviendas «excedió en 2.867.546 euros sobre el previsto». El empresario berciano asegura ignorar cómo se repartieron el dinero los destinatarios del soborno, cuya existencia ya había desvelado la UDEF.
