[TRIBUNA 13-F] Castilla y León, redistribuir la riqueza
EDUARDO MADROÑAL PEDRAZA | La apertura de un ciclo electoral, con elecciones en Castilla y León el próximo 13 de febrero y la perspectiva de las elecciones andaluzas en la segunda mitad del año, sin descartar los rumores de adelanto electoral en alguna otra autonomía, va a agitar y tensar la vida política del país -ya lo está haciendo- con cambios entre las fuerzas políticas y sus relaciones.
Este ciclo electoral volverá a evidenciar la disputa entre dos fuerzas enfrentadas: las que representan el avance de un proyecto de saqueo y degradación del país, y la resistencia de un viento popular y patriótico que mantiene una importante influencia.
Castilla y León es una comunidad rica, pero cuya distribución está sometida a enormes desigualdades y deficiencias sociales y territoriales. Por eso, cualquier alternativa que aspire a cambiar, de verdad, las bases de esta situación, debe partir obligatoriamente de la redistribución de la riqueza.
Castilla y León, una comunidad de contrastes
Es la comunidad con mayor extensión de España y de Europa, formada por 9 provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; y 2.248 municipios.
Con 2,4 millones de habitantes es la 6ª con más población de España; un territorio muy extenso y muy poco poblado, 25 hab./por Km2, pero no es estrictamente una “comunidad rural”. Casi el 50% de la población se concentra en las ciudades.
Es una comunidad rica. Ocupa el octavo lugar por PIB de España, con un PIB per cápita antes de la pandemia de 26.658 €, por encima de la media nacional (26.420 euros).
Burgos es la 6ª provincia con mayor poder adquisitivo de España, solo por detrás de Madrid, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Barcelona. La base es su alto nivel de desarrollo industrial.
La industria aporta el 26% del PIB regional, con sectores tan importantes como el de la energía (es la región española que más energía produce, especialmente hidroeléctrica), el sector agroalimentario, la automoción y el químico-farmacéutico.
Sin embargo, es también una región con grandes desequilibrios territoriales, desigualdades y deficiencias, que reflejan el fracaso de 34 años de gestión de los gobiernos del PP desde 1987. La gestión del PP no solo no ha resuelto esos problemas, sino que los ha profundizado: Burgos y Valladolid son dos motores económicos, pero León, Zamora y Salamanca encabezan las listas de despoblación. Casi 90.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza severa. Castilla y León es la 6ª comunidad con más listas de espera.
Redistribuir la riqueza en Castilla y León
Castilla y León tienen importantes riquezas y posibilidades de desarrollo. Lo que hace falta es activarlas y gestionarlas al servicio de los intereses de la mayoría y no de un puñado de grandes capitales. Cualquier alternativa que aspire a cambiar, de verdad, las bases de esta situación y a construir una Castilla y León próspera, justa y social, donde el bienestar económico, laboral de las clases populares sea la absoluta prioridad, debe partir obligatoriamente de la redistribución de la riqueza.
Con medidas como las siguientes, recogidas en el programa de la coalición Partido Castellano -Tierra Comunera- Recortes Cero:
Siete de cada diez trabajadores castellanoleoneses han perdido poder adquisitivo. Hay que revertir ese trasvase generando nueva riqueza sostenible y empleo productivo y de calidad. Subiendo salarios y pensiones e imponiendo un techo salarial para las rentas más altas: ningún salario ni pensión por debajo de 1.000 euros netos al mes, y ninguno por encima de 10.000.
Castilla y León sufren ahora la mayor caída de actividad (-15,8%) del país. Hay que reindustrializar, con medidas de redistribución de la riqueza, como subir los impuestos a bancos y multinacionales y grandes fortunas, y bajárselos a las pymes. Mediante planes de desarrollo integral que reconstruyan y modernicen el tejido productivo rural e industrial, apostando por las nuevas energías.
Garantizando unos servicios básicos en infraestructuras, telecomunicaciones y energías, y una sanidad a prueba de pandemias, con atención especial al mundo rural.
Financiados con una reforma fiscal progresiva para que bancos, oligopolios y multinacionales, y grandes fortunas paguen de acuerdo a su riqueza y beneficios; y bajándolos a pymes y autónomos.
En 21 años, hasta 6.000 ganaderos y agricultores castellanoleoneses han echado el cierre, asfixiados por unas imposiciones monopolistas que no les dejan margen de beneficios. Es necesario proteger a las pequeñas y medianas explotaciones, base de la economía rural, e impulsar el cooperativismo. Apoyar a los jóvenes agricultores y ganaderos e impulsar la modernización de los modelos productivos tradicionales.
Las macrogranjas son un peligro para la industria cárnica y las personas. Aumentan la desigualdad entre ganaderos y contaminan los acuíferos, amenazando la agricultura y la salud pública. 709 municipios de Castilla y León ven sus aguas contaminadas a causa de ellas. Es preciso fomentar la ganadería extensiva, ayudar a las pequeñas explotaciones intensivas y prohibir las macrogranjas en Castilla y León.
En Castilla y León, con una alta tasa de población envejecida, el cuidado a nuestros mayores debe ser prioritario. Uno de cada cuatro mayores de 65 años vive solo, una soledad que afecta más a las mujeres. Hay que blindar las pensiones en la Constitución e invertir en cuidados, creando centros de día en el mundo rural para que puedan disfrutar en su entorno próximo y no tener que irse a macro residencias en zonas alejadas.
