El concejal no adscrito apela al plan antifraude para resolver un conflicto de intereses que denunció
El Ayuntamiento de Ponferrada aprueba por unanimidad el documento presentado por el equipo de Gobierno.
El pleno ordinario de marzo del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes por unanimidad de todos los concejales el plan municipal «contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses», un documento que establece medidas de prevención, detección, control y sanciones de aquellas conductas «que son o puedan codificarse de fraude, corrupción o conflicto de intereses».
La propuesta aprobada este viernes por el pleno contempla la creación de un comité antifraude del Ayuntamiento de Ponferrada, con los titulares de los puestos y las funciones que se recogen en el propio plan. Asimismo, se prevé habilitar un canal interno y externo para la formalización de comunicaciones o denuncias de hechos, acciones u omisiones que puedan incurrir en riesgo de fraude, corrupción o conflictos de intereses.
El debate de este punto del orden del día estuvo marcado por la adhesión de todos los grupos, si bien el concejal no adscrito, Manuel de la Fuente, señaló que «espero que no sea un brindis al sol» y recordó que «ya había suficientes normas para ser aplicadas, pero no se han querido mojar», en referencia a un presunto conflicto de intereses sobre el que este concejal informó en 2021 y del que todavía no ha tenido respuesta del equipo de Gobierno.
En la sesión plenaria también se aprobó el padrón municipal a 31 de diciembre de 2021, que sitúa en 63.179 los habitantes de Ponferrada, una cifra sobre la que todos los grupos mostraron su preocupación, ya que supone un descenso de 737 habitantes en un año. Como es habitual, el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, mostró su negativa a aprobar este punto, ya que sostiene que «hay alrededor de 5.000 personas viviendo en Ponferrada y usando sus servicios sin estar empadronadas aquí».
Por su parte, el alcalde cargó la mayor parte de la responsabilidad de la pérdida de población sobre la Junta de Castilla y León. Olegario Ramón aseguró que «la gente se va por falta de empleo, que es competencia autonómica, por la falta de prestaciones como la sanidad, que también depende de la Junta, y por la falta de infraestructuras, que en muchos casos también dependen del Gobierno central, gobierne quien gobierne».
