Victorino Alonso elude la cárcel y el pago de 25 millones por un delito contra el patrimonio
El empresario condenado por arrasar un yacimiento neolítico en su finca de caza de Huesca consigue la remisión de la condena.
El empresario minero Victorino Alonso ha conseguido la extinción definitiva de su condena por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para construir un abrevadero de cabras en su finca de caza de Bastarás (Huesca), según informa El Heraldo de Aragón. El conocido como Rey del Carbón no cumplirá los dos años de prisión a los que fue condenado ni tendrá que pagar los 25.490.805 euros de indemnización al Gobierno aragonés. El delito contra el patrimonio histórico le saldrá gratis.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca lo condenó en 2016, pero dos años después acordó suspender l ejecución de la pena durante tres años basándose en la declaración de insolvencia económica de Alonso para afrontar la indemnización y en la falta de antecedentes penales. La condición era que durante tres años no delinquiera. Ahora, transcurrido este plazo, el juzgado ha decretado la remisión definitiva de la pena, es decir, la extinción de la responsabilidad penal.
El auto con fecha del 12 de septiembre fue comunicado este miércoles a las parte por la titular del Juzgado, que tiene en cuenta la solicitud de remisión de la defensa de Alonso, a la que no se ha opuesto el Ministerio Fiscal. Recibió escritos de las otras acusaciones en contra de la medida, pero no fueron atendidos al presentarse fuera de plazo. El historial penal de Victorino Alonso se revisó, a fecha del 24 de junio del 2022, sin que constara la comisión de ningún delito cometido durante esos tres años, por lo que la magistrada, basándose en el artículo 87 del Código Penal, acuerda la remisión definitiva de la pena.
Alonso ha sido condenado en varias ocasiones por irregularidades en sus negocios mineros el Bierzo y Laciana. La última, en mayo de 2021, cuando la Audiencia de León lo sentenció a cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambiente relacionado con las actividades de sus empresas mineras, pero el fallo está recurrido.
De esta forma, el empresario minero que figuraba como administrador único de la finca de caza de Bastarás, donde se encontraba el importante yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, ni pisará la cárcel ni pagará un euro por el delito contra el patrimonio histórico. Al ser declarado insolvente, la responsabilidad civil subsidiaria recayó en la sociedad titular del coto, Fimbas S. A., pero pasados seis años del juicio, el Gobierno de Aragón todavía no ha cobrado la indemnización.
