[TRIBUNA] 23-S: democratiza la energía
JUVENTUD POR EL CLIMA | Acaba el verano conocido como el más caluroso de la historia, marcado por las olas de calor e incendios que han quemado más de miles de hectáreas, tanto en España como en toda Europa. En un momento de inestabilidad política y social marcado por una fuerte crisis energética, convocamos la movilización ciudadana por una petición de democratización de nuestro sistema energético. La energía es una necesidad básica insustituible y debería ser un derecho humano, no depender del beneficio económico que aporte.
Como cualquier crisis, la energética no afecta a todas las personas por igual. La subida disparada de los precios de la energía fósil, a la que acompaña una subida generalizada del coste de los bienes de consumo, trae consigo una una pérdida de poder adquisitivo, mucho más abrupta en el caso de los grupos más empobrecidos. Esta dificultad para afrontar las facturas energéticas cobra especial gravedad en invierno, cuando el bienestar térmico se hace imprescindible, especialmente en viviendas mal aisladas. Aquí es donde se puede establecer una conexión clara con la crisis climática, y es que a medida que los acontecimientos climáticos extremos aumenten, el acceso a una buena climatización de la vivienda, tanto en verano como en invierno, se hará más y más necesario.
Por todo ello es especialmente importante poner en el foco de atención en las personas más vulnerables, dentro y fuera de nuestras fronteras, que sustentan el sistema. En esta línea, consideramos fundamental apoyar iniciativas como Deuda por el Clima, que exige que se cancele la deuda del FMI con los países del sur global, ya que les atrapa, impidiendo una transición ecológica justa. Entendemos que la justicia climática, es una cuestión de justicia global.
Este verano ha sido un desastre socio-ecológico; los visibles daños del cambio climático ya son una realidad y esto tiene muchas consecuencias en las personas cada vez más afectadas, la sociedad está cada vez más estresada por los impactos del cambio climático, y el nivel de preocupación está aumentando exponencialmente. Esta preocupación y estrés resulta en una ansiedad climática asignada el nombre de “ecoansiedad” y que afecta, en su mayoría, a las generaciones más jóvenes.
Y es que hay que hacer hincapié en que la responsabilidad debe centrarse en las grandes empresas y fortunas. La crisis climática es una cuestión de clase y privilegio, y son los de arriba los causantes principales de ella. La reducción del consumo energético debe empezar por ahí. Para ilustrar el relato, está bien tener en cuenta los siguientes datos: a nivel global, el 1% más rico contamina el doble que el 50% más pobre, y 175 veces más que el 10% más desfavorecido. El decrecimiento no se entiende, por tanto, sin una mirada interseccional capaz de distinguir entre causantes y receptores de las consecuencias de esta crisis.
Hemos visto cómo la Pandemia y la invasión de Ucrania han disparado el precio del gas y con ello el de la luz, evidenciando que el sistema actual es incapaz de garantizar para los hogares algo tan básico como la energía. Los gobiernos en vez de entender esta crisis como una evidencia de lo arriesgado que es depender de los combustibles fósiles, han apostado por nuevas infraestructuras para importar más gas. Es el caso de la regasificadora de El Musel, innecesaria y declarada ilegal por el TSJ de Madrid en el 2013, o del gasoducto MidCat, proyecto que la misma ciudadanía ya había paralizado hace años. Si proyectos como estos salen adelante se pierde la oportunidad para avanzar en la lucha contra la crisis climática fomentando un modelo energético renovable, independiente de las tensiones internacionales y en manos de la ciudadanía.
La política energética actual europea y nacional no responde a los intereses climáticos y de justicia social. Solo reproduce un modelo energético centralizado y gestionado por el oligopolio energético. El invierno se acerca y seguiremos en manos de las grandes empresas para calentarnos al precio que ellas deseen, en un año donde los compromisos insuficientes de descarbonización del PNIEC estarán siendo revisados.
Otro ejemplo del alineamiento de la política europea y el lobby fósil es que España y la UE continúen siendo miembros del Tratado de la Carta de la Energía. Los países firmantes de este tratado de libre inversión se encuentran atados a la voluntad de las grandes compañías energéticas. Si un Gobierno decide avanzar en materia climática desafiando los intereses de estas corporaciones puede ser llevado a los tribunales y gravemente sancionado. Este tratado puede proteger durante décadas infraestructuras de combustibles fósiles que deben desaparecer cuanto antes, lo cual ralentiza la urgente transición energética.
Cada vez más, principalmente tras la pandemia, estamos más individualizadas y se ha ido perdiendo el sentido de colectividad. Los últimos datos nos muestran que es económica y ecológicamente imposible de sostener el seguir consumiendo energía de la forma que hacemos ahora, es necesario decrecer. Decrecer desde la colectividad, como un conjunto de apoyo y con ganas de crear un futuro que nos beneficie a todas. Reclamamos el fomento del autoconsumo colectivo, de las comunidades energéticas, de la eficiencia energética y de la reducción del consumo con criterios de justicia social. Así como la paralización de nuevas infraestructuras fósiles y la salida inmediata de España del Tratado de la Carta de la Energía.
Por ello, el 23 de septiembre volvemos a organizarnos, porque la lucha sigue. Seguimos impulsando el cambio que queremos, un cambio que ponga en el centro a las personas, los cuerpos, los territorios y la Tierra, sin dejar a nadie atrás, donde tener acceso a la energía sea un derecho, no un privilegio.
