Desde la Plataforma se recuerda que, pese a que los poderes públicos lo deben garantizar, todavía existen en España dificultades para acceder a un aborto seguro. «Después de 11 años de la aprobación de la Ley 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el movimiento feminista estamos hartas de la excusa de la objeción de conciencia para dejar de garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público», señalan.
«Entre los obstáculos para acceder al aborto en condiciones de igualdad, se encuentra el hecho de que muchas mujeres se ven obligadas a desplazarse a otra ciudad, o incluso cambiar de comunidad, pues en la que residen no se practican abortos en la sanidad pública, o solo se practica una parte; territorios en los que no hacen abortos más allá de la semana 14 (límite que impone la ley), a partir de la que solo es legal abortar si hay riesgo para la vida o la salud de la embarazada o de graves anomalías en el feto. Todo ello conlleva una afectación psicológica y emocional en las mujeres que han tomado una decisión y que en la mayoría de los casos, no es fácil», explican desde la Plataforma.
